Líneas rojas de la socialdemocracia en el siglo XXI

Desde un enfoque global que reivindica el poder de la política y la democracia para transformar el mundo, que defiende un modelo social más equitativo y que apuesta por un desarrollo económico más eficiente y sostenible, creemos necesario resaltar doce mensajes que expresan valores esenciales de convivencia y progreso. Se trata de ideas básicas que ahora resulta imprescindible reafirmar, porque son cuestionadas por la derecha social y económica o porque han quedado difuminadas por la práctica reciente de políticas supuestamente socialdemócratas.

1. No hay progreso social sin redistribución de la riqueza »

La igualdad es uno de los valores más importantes de la socialdemocracia, ya que es esencial para conseguir el ideal principal del socialismo: la libertad como ausencia de dominación de unas personas sobre otras.

Por ello la lucha por la igualdad y la justicia social ha sido tradicionalmente uno de los objetivos prioritarios de las políticas y programas de los partidos socialdemócratas. La igualdad para la socialdemocracia no se limita a una igualdad de oportunidades, que siendo importante no es suficiente. La tradición del socialismo democrático debe defender también una cierta igualdad de resultados que le permita mantener otro de sus principios: el de cohesión social en el marco del conjunto de la comunidad.

¿Por qué es tan importante la reducción de las desigualdades?

El poder y la influencia de los grandes poderes económicos y financieros se derivan de la propiedad sobre el capital financiero y empresarial. Se trata de élites muy minoritarias a las que su poder económico les permite controlar amplios sectores de la economía, ejerciendo así una influencia enorme sobre las instituciones del estado, desplazando a las que, pro su legitimación, deberían representar la voluntad popular en los países democráticos.

Existe además otra riqueza resultante no de la producción, sino de la pura especulación, la cual, por definición, se basa en la explotación de la mayoría por parte de una minoría. La especulación más extendida y probablemente dañina es la financiera, en la que los propietarios y controladores de grandes cantidades de dinero especulan sobre los precios, por ejemplo, de la vivienda, creando unos precios artificiales que les benefician a ellos a costa de la mayoría. En este sector, también es cierto el dicho de que “nadie es súper-rico con y por sus propios medios”. En realidad, la gran mayoría de súper-ricos en el sector financiero obtiene su dinero de actividades predominantemente especulativas, muy perjudiciales para la sociedad. Es, por lo tanto, necesario que se reduzca el tamaño de la actividad especulativa gravándola intensamente.

Por otro lado, se ha demostrado que a partir de cierto umbral de desarrollo el grado de bienestar de una sociedad no depende ya del nivel material individual, sino de las diferencias económicas entre los más y los menos opulentos de dicha sociedad.

Por tanto, a partir de dicho nivel, un aumento de la renta per capita no se traduce en mejores indicadores socioeconómicos y sanitarios, sino que son los aumentos de igualdad económica los que mejor explican las diferencias entre países en asuntos tan variopintos como violencia, fracaso escolar, esperanza de vida, salud física y mental de la población, participación política, embarazos prematuros, número de abortos, igualdad efectiva de oportunidades, obesidad, consumo de drogas, etc. Traspasado el anterior umbral, conforme aumenta la desigualdad mayor es el grado de malestar social.

En definitiva, aquellas sociedades en que una pequeña minoría controla la mayoría de la riqueza, no son sociedades justas, ni harmoniosas, y los individuos no pueden ser libres. El desarrollo y progreso social no pueden limitarse a indicadores generales de crecimiento o renta per capita. Para los socialistas el progreso y bienestar sociales deben estar íntimamente unidos a como tratamos a los más débiles y vulnerables de nuestras comunidades. Por ello es necesario que el Estado actúe de manera decidida a través de instrumentos de política, como la fiscalidad y la provisión de servicios públicos propios del Estado del Bienestar, para redistribuir la riqueza y reducir las desigualdades.

¿Cómo ha evolucionado la desigualdad en España?

La desigualdad económica en España es una de las más elevadas de la UE y, sin duda, la más alta de la Zona Euro.  En España se puede decir que en el periodo de 1980-2010 – al contrario que en el resto de países de la OCDE – la desigualdad disminuyó. Sin embargo, es más exacto afirmar que los primeros quince años (1980-1995) vieron una disminución de la desigualdad por la creación y desarrollo del Estado del Bienestar y que los siguientes quince años (1995-2010) supusieron un mantenimiento de la desigualdad e, incluso, un ligero aumento de ésta. Durante estos segundos quince años hubo una gran creación de empleo – gran mecanismo igualador – a la par que los beneficios económicos de las clases más altas aumentaban extraordinariamente. Por eso ambos efectos se cancelaron parcialmente y el resultado fue un mantenimiento de la desigualdad o un ligero aumento de la misma.

En los últimos tres años la desigualdad ha aumentado debido a la destrucción de empleo así como a un sistema fiscal que permite a las clases más altas contribuir en menor grado que las clases medias y bajas, y a una crisis que parece haber dejado incólumes a los primeros y muy dañados a los segundos.

Es necesario pues mejorar la progresividad del sistema fiscal y también aumentar la tributación a la riqueza, que prácticamente se ha abandonado. Esto último no solo es una cuestión de recaudación, sino también de equidad y justicia social, puesto que la desigualdad en términos de riqueza es muy superior a la desigualdad en renta; el 10% de los individuos más ricos de nuestro país acumula un patrimonio 135 veces mayor que el 20% más pobre, mientras que en renta la diferencia es de13 a1.

Además, en España el gasto público tiene un escaso efecto redistributivo. Por ejemplo, según la UE, en 2011 el gasto público en España reducía el riesgo de pobreza del 30 al 22%, es decir en un 28%, comparado con un 50% en Suecia (28 al 14), o un 35% de media UE15. Reclamamos, pues, una mejora de la eficiencia y eficacia del gasto público en nuestro país, para que sea un instrumento verdaderamente útil en la eliminación de la pobreza y la reducción de la desigualdad.

En definitiva, desde el colectivo Líneas Rojas reclamamos una reforma integral progresiva del sistema fiscal que corrija las grandes carencias de las que adolece: su falta de equidad que hace recaer el 90% de la recaudación sobre las rentas del trabajo medias y bajas, mientras los contribuyentes más pudientes, las rentas del capital y las empresas solo aportan en conjunto el 10% restante; inestabilidad de la recaudación en el tiempo; insuficiencia de ingresos y; poca eficiencia para combatir el fraude.

 Al tiempo, demandamos reforzamiento de los grandes mecanismos “igualadores” públicos en nuestro Estado del Bienestar, como son la educación y la sanidad pública.

2. Educación y sanidad públicas, de calidad, universales y gratuitas »

Educación y sanidad constituyen, por distintas razones, dos ámbitos esenciales para el desarrollo humano, de modo que la determinación de los modelos de prestación de estos servicios para la ciudadanía resulta determinante para el modelo social de un país. Ambas actividades, además, constituyen tradicionalmente dos de los campos de debate más intensos sobre el papel del sector público y del privado, sobre su eficiencia y equidad, puesto que no en vano movilizan cuantiosos recursos y afectan a millones de personas. Es comprensible, en consecuencia, la agresiva actuación que está teniendo la acción de gobierno del Partido Popular en nuestro país en ambas materias, conocedor de su trascendencia, y por ello cabe exigir a la izquierda en general y a la socialdemocracia en particular una definición de sus planteamientos igualmente nítida y reconocible.

En este sentido, una sanidad pública, de calidad, universal y de acceso gratuito constituye una reivindicación imprescindible para que nuestra sociedad pueda recuperar la equidad y solidaridad en este pilar esencial de nuestro ya lesionado Estado de Bienestar.

La Ley general de sanidad de 1986 era un referente para consolidar y mejorar un sistema sanitario basado en la prevención y la promoción de la salud, bajo estos principios mencionados. Ello a través de una gestión pública, como única garante de igualdad en la atención sanitaria, independientemente de la capacidad económica o condición social de los ciudadanos. La modificación de la Ley y los constantes ataques al sistema sanitario nos han llevado a un retroceso en el acceso a la salud que debe ser corregido con celeridad por las graves consecuencias que ya ha tenido, especialmente, en las Comunidades autónomas que han liderado un cambio de modelo basado en la rentabilidad económica.

Hoy, el acceso igualitario a los servicios para la salud está anulado en unos casos y en grave riesgo en otros. En la cobertura territorial, en todos los niveles de atención y en el acceso a todas las terapias. Las garantías de estos derechos indiscutibles de cada ciudadano son base de una sociedad justa y cohesionada socialmente.

La necesaria reflexión sobre las garantías para la sostenibilidad financiera de la sanidad pública no pasa por la inclusión de empresas en el sistema para gestionarlo. Por su propia definición, su objetivo es sacar una rentabilidad económica, que dificulta la posibilidad de universalidad, gratuidad, calidad e igualdad. Si una empresa obtiene beneficio de la atención sanitaria manteniendo la misma calidad en la prestación del servicio, el Gobierno debiera asumir su mala gestión y optimizar ésta en vez de cederla a un agente externo. La atención a la salud requiere de cuantiosos recursos, y para garantizar los criterios exigibles  de calidad, el eje de la actuación sólo puede ser el técnico-científico y no el económico. Si la optimización de beneficios económicos se convierte en el eje de la gestión sanitaria, desaparece la posibilidad de optimizar los elementos técnico-científicos.

A pesar de los tópicos y falacias vertidos contra la supuestamente costosa sanidad pública frente a la privada, ningún gobierno que ha propuesto y puesto en marcha el cambio de gestión pública por la gestión privada ha podido documentar un ahorro real  con el nuevo modelo. Y mucho menos la obtención de mejores resultados de este modelo privado frente al público. La evidencia científica señala lo contrario, y algunos estudios que han analizado la calidad de la atención hospitalaria, comparando la mortalidad (estandarizada por diagnóstico y características del paciente) en los hospitales privados con y sin afán de lucro, revelan en sus  resultados que la mortalidad es mayor en los hospitales con afán de lucro (P.J. DEVEREAUX, 2004).

Por lo que se refiere a la educación, debe ser pública, gratuita y laica, pues es la forma de cumplir las aspiraciones sociales mayoritarias de lograr un sistema educativo en igualdad de oportunidades, cuya finalidad sea un país más equitativo, con mayores cotas de bienestar, y con una ciudadanía responsable. Un sistema educativo público es un sistema que se hace responsable de la diversidad del alumnado, que es capaz de tomarlo en su nivel de desarrollo y promoverlo tan lejos como quieran esas personas. Por ello resultan inaceptables los procesos que argumentan una mejora de la calidad cerrando puertas a parte del alumnado y desentendiéndose de su diversidad por no alcanzar unos estándares arbitrarios. La gran incertidumbre social en la que vivimos requiere de un sistema educativo que facilite que se entre y salga de él en distintos momentos de la vida, y no un sistema al que se añaden obstáculos, como las reválidas.

Es preciso rechazar categóricamente los sistemas que, mediante procedimientos más o menos directos, buscan segregar al alumnado por origen socioeconómico, pues esto erosiona la construcción de la ciudadanía democrática. La educación concertada tal y como se ha desarrollado en nuestro país es un ejemplo de este problema, pues deja a la pública en muchos barrios como subsidiaria y encargada de atender al alumnado con más necesidades, de orígenes sociales más populares y de mayor diversidad étnica. En este sentido, es preciso eliminar toda subvención a la educación privada, bien sea mediante desgravaciones fiscales o cualquier otro tipo de ayuda, que resultan especialmente dolosas en un momento en que se están recortando los fondos destinados a la educación pública.

Por otro lado, la escuela debe ser laica, como única vía para lograr un espacio de encuentro entre los fieles de las diferentes religiones y los no creyentes. De otra forma, se fomenta la segregación por creencias, que llevará a un país de comunidades estancas, que conviven en espacios anejos pero sin compartir un proyecto común. La sensibilidad religiosa de las familias no puede ser motivo para privar a los menores del contacto con otras formas democráticas de entender la diversidad de valores de la sociedad en la que viven.

El origen socioeconómico sigue mostrándose como un factor muy asociado al rendimiento educativo, tal y como prueban estudios internacionales como PISA. Aunque nuestro país destaca en el contexto internacional por su equidad, gracias a que el alumnado de orígenes populares logra mejores resultados que el de los países de nuestro entorno, queda mucho por mejorar. Por un lado, son necesarias políticas de tipo didáctico que acerquen el currículum a la realidad de las vivencias del alumnado, promoviendo su interés por el estudio, en vez de mostrar el conocimiento desde un punto de vista academicista, desvinculado de sus intereses. Por otro, son necesarias políticas con recursos, con más medios de apoyo y con becas. Por ello, las políticas de recortes en educación son dañinas tanto para la equidad como para la eficiencia. Desde el punto de vista de la equidad, un profesor con 30 estudiantes de buen nivel académico no será un problema, pero con 25 estudiantes que necesitan de especial atención, estaremos ante un grupo inmanejable. Por otro lado, estos recortes repercutirán en población menos formada, lo que se notará a largo plazo en el conjunto de nuestra economía.

En definitiva, es preciso recuperar los aspectos de equidad y solidaridad en los servicios de la salud y la educación, que no se pueden gestionar como una empresa, movida por el beneficio a corto plazo. Ello no quita que sea necesario un análisis de sus costes y de cómo financiarlos, para lograr un sistema más eficiente, pero bajo el prisma de la universalidad y la gratuidad como garantes de la igualdad de toda la ciudadanía. Y esto solo es posible si son los poderes públicos los que organizan y gestionan de forma directa la salud y la educación.

3. Democracia es participación, no sólo votar cada cuatro años »

El comienzo de la organización de los movimientos obreros en el siglo XIX, para dar réplica a las condiciones inhumanas y de explotación que provocaban los planteamientos capitalistas, provocó un mayor desarrollo del socialismo para la defensa de las condiciones de trabajo, y una fuerte búsqueda de nuevos sistemas de gobierno, en los que el ciudadano tomase parte activa en la toma de decisiones. Es, pues, este uno de los momentos en que el socialismo se convierte en motor fundamental para el desarrollo democrático de la sociedad, para así poder alcanzar cotas de regulación, redistribución e intervención nunca antes conseguidas.

En el escenario actual estamos viviendo el proceso contrario, ya que la crisis económica nos está dejando ver no ya solo una simple crisis de los sistemas democráticos, sino que la misma nos sirve para entender que los planteamientos capitalistas han ido vaciando de competencias y poder real a las democracias, dejando así en evidencia a los partidos socialistas actuales, incapaces de dar respuesta a esta situación.

Con la aprobación de la Constitución Española de 1978 (CE) nuestra democracia optó por un sistema de partidos, considerando a estos los principales instrumentos para canalizar las inquietudes de la sociedad.

En los años posteriores, los dirigentes de los partidos optaron por crear modelos partidistas con estructuras muy férreas; es lo que algunos terminaron por denominar “Estado de Partidos”. Se ha escrito mucho sobre las diferentes razones que se dieron para que se produjese este  peculiar sistema tan opaco, desde la incertidumbre política que se vivía en ese momento, hasta el miedo a organizaciones que fuesen imposibles de controlar, y, por ende, sociedades ingobernables.

Desde ese momento se empiezan a desarrollar actuaciones doctrinales en los partidos, que traen consigo tanto el descrédito de los procesos de elección, como el de los órganos de control interno, de modo que los partidos van quedando en manos de sus cúpulas sin el mas mínimo control por parte de las bases, lo que paulatinamente les desacredita ante un pueblo que ha visto como su soberanía  ha ido perdiendo peso frente a los poderes financieros.

Es conditio sine qua non que los partidos, sindicatos y demás organizaciones que quieran participar en la vida pública modifiquen su organización y funcionamiento internos para recuperar la credibilidad a la hora de hablar de transparencia o participación.

Deben entrar a valorar de una manera real diferentes aspectos. Véanse, en primer lugar, los procesos de elección de candidato y de líder interno del partido. Son procesos distintos; en el primer caso debe de llamarse a participar a militantes y electores; en el segundo, únicamente a los militantes. Habría que desterrar definitivamente la idea de que las primarias únicamente se utilizan para la “resolución de conflictos”, al convertirlas en la única vía estatutaria y legal de alcanzar el poder.

En segundo lugar, deberían introducir sistemas de elección de listas con un sentido más abierto, a fin de evitar tanta desafección política hacia los representantes, al tiempo que obligar a estos a rendir cuentas ante aquellos que les eligieron.

En tercer lugar, habría que eliminar la posibilidad de que la misma persona fuera presidente del gobierno y líder del partido simultáneamente, para intentar que el partido siga siendo partido y no se convierta en gobierno (una persona, un cargo). Este tercer punto sería fundamental para que cada organismo profundice en su independencia frente al resto. En esencia, que haya una mayor separación entre gobierno, partido y grupo parlamentario.

Para la correcta adecuación de las organizaciones políticas a la actual situación de crisis obviamente son necesarias muchas más medidas, pero con la aplicación de estas tres, mucho de lo escrito sobre transparencia en los partidos podría tener, al menos, mayor credibilidad y sentido.

Estas modificaciones no deben esperar mucho ya que la actual crisis económica, guiada por los mercados, está metiendo a los  sistemas democráticos en el cuadro de los gastos, y eso está produciendo grandes recortes democráticos.

Es por todo esto que entendemos que la línea de actuación llevada a cabo por los partidos políticos en estos últimos años les ha conducido a una espiral de regresión democrática, que se ha materializado en maquinarias obsoletas y desacreditadas frente a la sociedad

Solo provocando la vuelta al debate ideológico y abandonando el pragmatismo de lo supuestamente responsable los partidos socialdemócratas podrán volver a tener una participación protagónica en la sociedad del siglo XXI.

4. Una España federal y social en una Europa federal y social »

España

La Constitución española, norma superior de nuestro ordenamiento jurídico, que proclama la vigencia del Estado de Derecho y su desarrollo democrático, también garantiza que el orden económico y social ha de ser justo, y que es objetivo nacional asegurar a todos una digna calidad de vida. En definitiva, que nuestro Estado debe de ser también social.

Y lo cierto es que aproximadamente durante los 20 años que siguieron a su aprobación se fueron construyendo y consolidando estructuras normativas e institucionales destinadas a garantizar cada vez una mayor cobertura social. Los pilares fundamentales sobre los que se asentó fueron sanidad y educación públicas y universales, de acceso gratuito, prestación por desempleo, pensiones, asistencia social, etc. No obstante, pese a lo innegable de los avances, el Estado español nunca alcanzó las cotas de protección social propias del modelo europeo y, menos aún, nórdico.

Hubo un momento, sin embargo, en el que, de la mano del desaforado e insostenible crecimiento económico, propiciado por la llamada “burbuja inmobiliaria”, la tendencia igualitaria se invirtió, y comenzó a producirse una mayor distancia entre los más pobres o desfavorecidos de nuestra sociedad y los más ricos o privilegiados.

El estallido de la crisis hace 6 años ha agravado considerablemente la situación de miles y miles de personas que han perdido su empleo, que han visto reducidos sus ingresos, que contemplan, sin resignarse, cómo los fundamentos de ese Estado social, a cuya construcción la mayoría ha contribuido decisivamente mediante el pago de sus impuestos, se resquebraja.

La construcción y el mantenimiento de un Estado social es una pregunta que interpela directa e inexcusablemente a la izquierda política, y, de manera clara, a la socialdemocracia, que tanto se esforzó en su ideación y progresiva construcción. La renuncia a esta seña de identidad significa, simple y llanamente, la pérdida misma de la identidad.

La crisis económica, pese a su agudeza, no está afectando a todos por igual. Ni mucho menos. La destrucción de riqueza está perjudicando, de manera insoportable y principal, a quienes no tienen más que su trabajo, y los ingresos que este le proporciona, como medio de subsistencia.

La defensa del Estado social es una cuestión de justicia en sentido emocional y de eficiencia en sentido económico. El dilema crisis económica versus Estado social es falso. Sencillamente, porque la destrucción del Estado social no solo no nos sacará de la crisis económica, sino que, por el contrario, la agudizará, al profundizar en las desigualdades, el conflicto social y la falta de alternativas para un número creciente de personas.

Un partido socialdemócrata debería tener esto claro: Su razón fundamental de ser pasa por construir un Estado que ofrezca cobertura social suficiente en el ámbito de la educación, la sanidad, la asistencia social, las pensiones, etc., a fin de que nadie quede excluido. La crisis económico-financiera puede explicar otras cosas, pero nunca ser la excusa del arrumbamiento del Estado social.

Y en esta tesitura, en un Estado descentralizado como lo es el español, el papel que han de jugar las Comunidades autónomas resulta clave, dado que a ellas les corresponde buena parte de la prestación de servicios sociales esenciales, particularmente, en el terreno de la sanidad y la educación.

De ahí que tampoco valgan las excusas para acometer, de una vez, la tan traída y llevada reforma constitucional de nuestro Estado autonómico, con el fin de convertirlo en lo que, en buena medida ya es: un Estado federal. Un Estado federal que, se llame o no así, precisa de reformas, con el fin de organizarlo mejor. Tales reformas, en sus aspectos fundamentales, podrían concretarse en las siguientes:

1.- Establecer en el texto constitucional un reparto competencial claro, que evite los solapamientos entre el Estado central y las Comunidades autónomas. Se trataría de incluir un listado de competencias exclusivas del Estado, respecto de las cuales a este le correspondiese o bien su normación y ejecución completa o bien solo su regulación normativa, dejando en manos de las Comunidades autónomas la ejecución y administración, así como la competencia normativa y ejecutiva completa respecto del resto de materias no atribuidas a la competencia del Estado. Habría que eliminar, por tanto, una técnica de reparto competencial que es fuente constante de conflictos: la legislación básica estatal-legislación autonómica de desarrollo. De igual modo, habría que poner fin a la eterna apertura del sistema competencial que hoy permiten normas tan perturbadoras como son las leyes orgánicas de transferencia y delegación del art. 150.2 CE.

2.- Convertir al Senado en una auténtica cámara de representación territorial, en la que las distintas voluntades autonómicas puedan participar en la formación de la voluntad del Estado global, en particular y de manera inexcusable, en la aprobación de aquellas leyes que tengan gran relevancia para las propias Comunidades autónomas. Ese Senado reformado debería estar integrado por representantes de los gobiernos autonómicos, de manera relativamente proporcional a la población de cada una de los territorios, correspondiendo un mínimo de tres representantes (votos) a cada Comunidad autónoma (a su gobierno), sumando uno más por cada millón de habitantes, hasta un máximo de siete. La razón de por qué han de ser los gobiernos autonómicos los representados en el Senado reformado deriva del hecho de que nadie mejor que estos es capaz de expresar la voluntad autonómica, al corresponderles a ellos la responsabilidad máxima de la dirección política de la Comunidad autónoma respectiva.

3.- Un sistema de financiación adecuado, que permita a cada una de las partes (Estado central y Comunidades autónomas) disponer de los recursos suficientes para el cumplimiento de las tareas que tienen encomendadas, en el que la práctica de la solidaridad interterritorial tenga como límite básico el respeto al principio de ordinalidad. Un sistema de financiación que debe de articularse, además, en torno a un principio básico: el de la corresponsabilidad fiscal, de modo que, en lo posible, tanto el Estado central como las CCAA sean responsables de la obtención, vía tributaria, fundamentalmente, de sus propios ingresos, pues solo así podrán valorar adecuadamente a qué dedicarlos.

Habría otra cuestión importante que abordar en esa reforma constitucional, cual es la que tiene que ver con la necesidad de ofrecer una vía jurídica bien pautada que nos permita dar respuesta a las eventuales demandas secesionistas que, eventualmente, lleguen a plantearse por parte de algún territorio.

No podemos ignorar que hoy en día nos encontramos ante un serio desafío a la unidad del Estado, proveniente, fundamentalmente, del nacionalismo independentista catalán. Más allá de la opinión que nos merezca el mismo, lo cierto es que el ordenamiento jurídico-constitucional actual ofrece únicamente la vía de la propia reforma constitucional para permitir, dentro del respeto a la legalidad vigente, que aquel pudiera llevar a cabo su pretensión. Y ello con independencia de que el disputado referéndum o consulta popular  sobre el eufemísticamente llamada “derecho a decidir” pudiese o no celebrarse de acuerdo con la normativa actual. Conviene no generar expectativas cuya realización, si es que no se quiere violentar el ordenamiento constitucional vigente, exigen, precisamente, una reforma de este. Constituye, por eso, una exigencia inexcusable del principio democrático articular mecanismos jurídicos que permitan hacer realidad la voluntad mayoritaria e inequívocamente manifestada por una parte bien identificada del territorio del Estado de separarse de este, con independencia -se insiste- de la opinión que ello nos merezca. Una reforma en sentido federal de nuestra Constitución no debería ignorar esta crucial cuestión. Se trataría, en definitiva, de permitir, a través de esa modificación constitucional, que la eventual voluntad a favor de la independencia, expresada de forma inequívocamente mayoritaria por la población de una parte del territorio del Estado, encuentre un cauce jurídico ordenado para su expresión y, dado el caso, realización.

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Europa

El modelo social europeo ha dejado de ser un asunto exclusivo de Europa. El creciente protagonismo de nuevas economías en un mundo cada vez más abierto e interrelacionado, cuyo centro de gravedad económica se desplaza hacia Asia, y en el que las relaciones Sur-Sur son cada vez más importantes, obliga a repensar el proyecto europeo y el modelo social al que aspira Europa en el siglo XXI.

Según datos de la OIT (2011) la fuerza laboral mundial ha pasado de 1.500 a 3.100 millones de trabajadores en 25 años, lo que ha favorecido una significativa reducción de la pobreza, principalmente en países de rentas medias. Pero el 80% de esa fuerza laboral tiene una seguridad social residual o carece por completo de ella; cerca de un tercio no tiene acceso a ningún tipo de servicio sanitario o de salud; un 74% no tiene un plan de pensiones; y solo un 20% de los mayores de 65 años recibe una pensión (7% en las economías mas pobres).

La respuesta europea a estos retos ha sido la de “adaptarse a los requerimientos de la globalización”. Desde los años 80 el debate “Eurosclerosis versus dinamismo americano” –sustituido ahora por el de “Eurosclerosis versus dinamismo Asiático”- ha inspirado las grandes reformas económicas en la Unión Europea (UE), de clara inclinación neo-liberal. Aunque China sustituye a EEUU como referente económico, la idea de una Europa esclerotizada por un sistema laboral y social demasiado rígido y generoso continúa siendo hegemónica.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha planteado una serie de medidas encaminadas a impulsar una globalización más equitativa: Pacto Mundial por el Empleo, Agenda de Empleo Digno y Agenda de Gasto o Suelo Social Mínimo.  Lo que hay detrás de estas propuestas es la necesidad de vincular crecimiento y redistribución a través de una mejora sustancial de las condiciones de empleo y el respeto a derechos laborales y sociales, fundamentales.

Es un intento de construir una especie de Estado del Bienestar Global de clara inspiración europea. Por eso llama la atención la falta de determinación de la UE en la defensa de estas tres estrategias y el esfuerzo que desarrolla internacionalmente por supeditarlas a los requerimientos de un mercado global. La UE parece no creer que el modelo social europeo sea una opción global, lo que hace muy difícil una política estratégica para vincular la dimensión social y exterior de la UE.

Una UE con una sola voz en las organizaciones de gobernanza global, defendiendo un modelo de globalización mas integrador y redistributivo, necesitaría de una estructura institucional claramente federal que podría desembocar en “un Súper-Estado o un Estado Nacional Europeo” (Morgan 2005), un “Sistema Post-nacional sin Estado” (Post-national stateless system), en la línea de Habermas (2012), o en la Cosmopolitan Europe de Beck (2007).

Posiblemente, el proceso pasará por estas tres formas de organización federal (Súper-Estado, Estado Post-nacional y Estado Cosmopolita), pero difícilmente evolucionará si el liberalismo y nacionalismo imperantes se siguen imponiendo. Hace falta una transformación de los Estados miembros para cambiar radicalmente la estructura institucional europea actual. El Consejo debe desaparecer, el Parlamento debe asumir sus capacidades legislativas plenas, y una Comisión elegida democráticamente debe asumir la responsabilidad ejecutiva. Un verdadero Estado Federal que avance hacia su plenitud cosmopolita en un plazo razonable.

5. El objetivo es el empleo de calidad, no cualquier empleo »

La crisis se ha llevado por delante millones de puestos de trabajo. El desempleo ha alcanzado unos niveles tan dramáticos que resultan difícilmente compatibles con la visión que tenemos de un país desarrollado, lastra la generación de riqueza, socava el sistema de protección social y erosiona la calidad de vida de la ciudadanía. El paro es, no hay duda, nuestro principal problema y, por tanto, la creación de puestos de trabajo debería ser una prioridad para cualquier gobierno.

Pero como objetivo estratégico, no vale crear cualquier empleo. No es fácil hacer esta afirmación en un contexto tan difícil como el actual. Pero, si queremos salir de la crisis con solidez; si queremos construir una economía más fuerte y eficiente; y si queremos una sociedad que camine con paso firme hacia mayores niveles de progreso, es preciso no dejar de lado este postulado. Ni siquiera ahora, que lo prioritario es reducir el paro. Porque las urgencias deben ser atendidas, pero no son incompatibles con mantener una perspectiva de medio y largo plazo, que no traicione el modelo de sociedad avanzada y cohesionada en el que creemos. En este sentido, la idea de que es preferible un empleo precario al desempleo conduce a la resignación, al desánimo, al todo vale, que es el caldo de cultivo de la regresión social. Que el trabajador vea su empleo como un bien graciable por el empresario, y que viva la precariedad y las malas condiciones laborales como algo “natural” que es consecuencia de una crisis galopante (como ahora) o de la necesidad de competir con economías menos cuidadosas de los estándares sociales es, sin duda, una victoria del neoliberalismo.

Las políticas de empleo deben ser coherentes con el modelo de desarrollo y de sociedad por el que se apuesta. Por eso, desde la óptica socialdemócrata hay que rechazar la mercantilización del trabajo y reivindicar el papel de la legislación laboral como un instrumento necesario para la promoción de la igualdad en el mercado de trabajo y para la realización de la idea de ciudadanía en ese ámbito. Pero también como garante de unos resultados productivos más eficientes, porque los objetivos anteriores favorecen las estrategias empresariales que persiguen la competitividad, no a través de la reduccionista vía de la precarización y la reducción de costes laborales, sino mediante la formación de sus trabajadores, la innovación y la calidad del producto; en definitiva, los factores que caracterizan a las naciones más desarrolladas.

Si echamos la vista a atrás constatamos que el discurso neoliberal ha colonizado el mundo laboral desde hace varias décadas. Y los partidos socialdemócratas -con diferente intensidad según países y momentos- son en cierta medida responsables de ello: sea por incapacidad para defender unas tesis propias, sea por alejamiento del sentir de sus bases, han asumido unas premisas que determinan un campo de juego marcado y que es fuente de desigualdades e ineficiencias.

Paradójicamente, la crisis ha intensificado la fuerza de los planteamientos desreguladores pese a que han mostrado su rostro más antisocial e ineficaz. Lo sucedido en nuestro país es una buena ilustración de ello. Las reformas laborales adoptadas sin consenso en los últimos años están marcadas por la búsqueda de la flexibilidad empresarial a costa de los derechos de los trabajadores. El PSOE tiene una parte de responsabilidad por ello, y es bueno reconocerlo.

Pero el PP ha ido mucho más allá, amparado por las directrices de la troika. Los cambios introducidos en 2012 son tan “extremadamente agresivos” que suponen una auténtica ruptura laboral; un ataque en toda regla a nuestro modelo constitucional de relaciones laborales con un cuádruple objetivo: bajar los salarios, facilitar el despido, reforzar el poder unilateral de actuación del empresario y debilitar a los sindicatos. El resultado es un empleo de peor calidad, más precario, y una individualización de las relaciones laborales que debilita la defensa de los intereses de los trabajadores. Suponen, en definitiva, un verdadero cambio de modelo de relaciones laborales, cuyos efectos ya se están notando; pero serán mucho más evidentes dentro de unos años, una vez superada la crisis económica.

A esta ruptura laboral se añaden otras dos que completan el ataque frontal a los pilares del modelo social europeo. Una es la ruptura, el desprecio, al diálogo social como mecanismo de búsqueda de soluciones compartidas y pacíficas de los principales retos y problemas en el ámbito sociolaboral, y que ha dado muy buenos resultados en España en etapas anteriores. La agresividad de las actuaciones que están llevando a cabo requiere un escenario determinado por el miedo, el individualismo y la falta de debate e información; justo lo contrario de lo que implica el diálogo social: lealtad, transparencia y visión solidaria. La otra es la (inminente) ruptura del sistema público de pensiones, pues parecemos abocados a una reducción progresiva de las pensiones públicas de todos en beneficio de los instrumentos de ahorro privados de algunos. Son tres “rupturas” de modelo en tres ámbitos íntimamente relacionados (empleo, diálogo social y pensiones), que dan coherencia al discurso del (ultra)liberalismo económico y de la derecha política, y que la socialdemocracia no está sabiendo combatir.

Desde LR apostamos por otro modelo de relaciones laborales que recupere la centralidad del trabajo como eje esencial para el progreso y la cohesión social. Un modelo en el que el trabajo no es sólo un coste productivo (factor de producción), sino también la principal fuente de renta de la ciudadanía y sostén de la demanda (en suma, una fuente de riqueza), una forma de realización vital, un garante de desarrollo y un conductor de la estabilidad social.

No se trata de negar la evidencia del impacto de la globalización y la necesidad de implementar cambios en el modelo de relaciones laborales. Pero sí cabe luchar contra la globalización y el modelo laboral que nos impone la derecha económica y política, y que a través de la desregulación degrada los derechos de la ciudadanía que trabaja y agrava las desigualdades. Ni esto es inevitable, ni este modelo es más efectivo en términos de competitividad que ese otro basado en un empleo justo, seguro, igualitario, que incentive las capacidades de los trabajadores y su participación en el proceso productivo.

Hay otra política laboral, otra vía de actuación posible, que la izquierda debe defender con convencimiento y que se basa en tres pilares. Estabilidad: hay que forzar un cambio de mentalidad en los actores del mercado de trabajo para acabar con la cultura de la temporalidad y recuperar la centralidad de la contratación estable como presupuesto imprescindible para un cambio de modelo productivo. Participación y diálogo: un modelo de relaciones laborales más participativo –basado en una negociación colectiva equilibrada y en el diálogo social– permite una mejor respuesta a los vaivenes del ciclo económico y a los grandes retos estructurales. Protección: las prestaciones por desempleo y las pensiones públicas son una pieza fundamental de este modelo por su dimensión moral, de justicia social, pero también por sus positivas implicaciones económicas.

6. Tolerancia cero con la corrupción »

La corrupción provoca el descrédito de las instituciones públicas sobre las que se articula una sociedad democrática, poniendo en riesgo su estabilidad. Dicho más claramente: la corrupción degrada la democracia. Pero, además, supone una humillación para los ciudadanos, ante la quiebra de la confianza que han depositado en esas instituciones. Es, en última instancia, un ataque contra la igualdad y la libertad, contra los valores esenciales del progreso.

Nuestro país vive enfangado en casos de corrupción, cuya gravedad se intensifica en un contexto de crisis socioeconómica severa, siendo su rostro más representativo y dramático los seis millones de personas desempleadas. Vivimos, pues, un momento muy crítico que, entre otros aspectos esenciales, exige la erradicación de la corrupción, lo que pasa necesariamente por un renovado compromiso cívico.

El punto de partida no es otro que la identificación de las causas de este mal. Para empezar, es importante tener claro que la corrupción en España no es un problema de ausencia o deficiencia de legislación aplicable al caso. En términos generales, las respuestas frente a este tipo de comportamientos que ofrece el ordenamiento jurídico en el plano administrativo y penal son adecuadas, equiparables a las de otros países menos corruptos. Pero como todo es mejorable, lo primero que habría que hacer es reforzar los medios preventivos de control, así como la posterior rendición de cuentas por las operaciones realizadas, dos razones más para reivindicar la importancia del sector público y de los funcionarios.

En todo caso, hay que ser conscientes de que el derecho no puede -ni debe- llegar a determinados ámbitos, en los que sólo rige la ética: hay actuaciones que no son antijurídicas, pero sí merecen un reproche moral y una sanción política.

Íntimamente relacionada con esta dimensión ética, cabe identificar otro factor clave que subyace tras los comportamientos corruptos y las corruptelas: el modelo de sociedad en el que vivimos, en el que la centralidad del dinero “legitima” desigualdades obscenas y convierten en “inevitables” los paraísos fiscales o las SICAV. Urge dar la batalla, tanto a nivel interno como internacional, y, muy en particular, en el seno de la Unión Europea, para acabar con esta lacra, que no solo perjudica en cantidad nada despreciable las arcas del Estado, sino que contribuye decisivamente a minar la moral de los ciudadanos que puntualmente satisfacen sus obligaciones con el fisco.

Desde una perspectiva autocrítica, hay que reconocer que también la actitud y el comportamiento de cada uno de nosotros juega un papel relevante en este terreno. No cabe duda de que las principales víctimas de la corrupción somos los ciudadanos. Pero tampoco podemos ignorar la parte de responsabilidad que nos corresponde en esta lucha. La falta de cultura cívica o los abusos ajenos sirven a veces de coartada para desatender nuestras obligaciones ciudadanas –por ejemplo, el conocido “¿con IVA o sin IVA?”–, olvidando que cuando este tipo de comportamientos se traslada desde la esfera privada a la pública los efectos negativos se multiplican. En este sentido, los ciudadanos debemos también contribuir a la creación de una ética pública a la altura de nuestras expectativas, sin que ello signifique olvidar el deber especial que a todo representante público corresponde de actuar de manera ejemplar.

Teniendo presentes las anteriores consideraciones, resulta indiscutible que la lacra de la corrupción en nuestro país se personifica en los políticos y en quienes ocupan puestos institucionales. Lógicamente no son todos ni la mayoría; visto en conjunto, puede incluso afirmarse que son casos singulares; el problema es que su trascendencia es excepcional. Primero, porque la relevancia y notoriedad que políticos y cargos públicos tienen en la sociedad les hace particularmente responsables en los casos de corrupción, pues los perjuicios los sufren las instituciones y los recursos públicos que manejan. Y, segundo, porque el modo en el que afrontan este tipo de comportamientos condiciona la percepción que la sociedad española tiene de la corrupción como algo estructural.

De un lado, los responsables públicos –políticos o cargos institucionales– son muy poco exigentes a la hora de apreciar y combatir la corrupción. Se encuentra muy extendida una incapacidad manifiesta para diferenciar la responsabilidad jurídica de la política. La imputación de un cargo público debe suponer su renuncia porque, sin prejuzgar su culpabilidad, los esfuerzos que a partir de ese momento debe dedicar a su defensa son incompatibles con el desempeño adecuado de sus funciones. Es un criterio estricto, en ocasiones quizá injusto, pero es la mejor vía para garantizar simultáneamente la protección de la institución pública y la presunción de inocencia del afectado. Por supuesto, igualmente exigible es su completa rehabilitación pública si finalmente es demostrada su inocencia, a todos los efectos.

De otro lado, los políticos y sus partidos aplican un doble rasero al valorar los casos de corrupción. Todos los casos son denunciables, porque conceptualmente todos tienen la misma gravedad. La invocación de “causas generales abiertas” contra un partido es una buena manifestación de esta actitud de falta de coherencia que hunde su credibilidad, socavando así los cimientos y la legitimidad de las instituciones democráticas.

Desde LR consideramos que la lucha contra la corrupción constituye un elemento esencial de una nueva forma de hacer política que debe basarse en el prestigio de la persona que se dedica a la actividad pública, así como en los pilares fundamentales ya mencionados de la ejemplariedad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Los representantes públicos (diputados, senadores, presidente del Gobierno, ministros, parlamentarios autonómicos, presidentes de Comunidades autónomas, consejeros, alcaldes, concejales, etc.), en efecto, no solo deben de ser honestos; también deben de parecerlo. La dignidad de su cargo les obliga políticamente a mostrar un comportamiento ejemplar.

Y es que la ejemplaridad pública no puede ser un concepto vacío de significado. Porque responde a una imagen social, más o menos asentada, del buen hacer, que genera confianza y respeto en el conjunto de la ciudadanía, algo imprescindible para el sano desenvolvimiento de la vida política y social. No es, por tanto, una cuestión de meras apariencias.

La transparencia, por su parte, es el mejor antídoto contra la corrupción. Debería ser la regla que admitiera muy pocas excepciones en el ámbito de las instituciones públicas. Al fin y al cabo, son los ciudadanos quienes las sostienen y las mismas no están sino para servirles. Pero también los partidos políticos, pese a su naturaleza mixta, público-privada, deberían estar sujetos a estrictas obligaciones de transparencia, pues son ellos los auténticos protagonistas de la vida pública, y difícilmente esta podrá ser “limpia” si aquellos no son transparentes.

Por último, la rendición de cuentas ha de ser exigible de cualquier institución, organismo u organización sostenidos total o parcialmente por fondos públicos. El destino y gasto de cada euro debe de quedar perfectamente justificado, de igual modo que las decisiones que los sustentan han de estar bien fundamentadas.

En definitiva, la lucha contra la corrupción debe de convertirse en una prioridad, pues de su éxito depende, en buena medida, el futuro de nuestra democracia.

7. La política puede cambiar el mundo y someter a los mercados »

Las consecuencias de la desregulación de los mercados financieros han puesto negro sobre blanco los desequilibrios entre el poder político y el poder económico en las democracias avanzadas. Tras la explosión de la crisis de las hipotecas sub-prime en EEUU ha quedado patente hasta qué punto las normas estaban escritas bajo el paraguas ideológico de la revolución conservadora de los años 80. Ahora sabemos que el mantra de “el Estado es el problema…” en realidad configuraba un sistema en donde los contribuyentes asumíamos los riesgos de mercados desregulados para que los beneficios fuesen privados y las perdidas colectivas.

En España, el hundimiento de las cajas de ahorro, los escándalos de las preferentes o el rescate a la banca nos ha demostrado cómo durante décadas el Estado brilló por su ausencia a la hora de supervisar, controlar y gobernar a los mercados. Por eso, la crisis, al margen de las consecuencias económicas, nos deja un problema político de primer orden: para muchos ciudadanos, la política ha perdido credibilidad como mecanismo para resolver los principales problemas de nuestra sociedad.

La ciudadanía no cree que el poder esté en manos de los políticos. Según el CIS, gran parte de los españoles cree que las grandes empresas y los bancos tienen más poder que el Gobierno, el Parlamento o los partidos políticos (véase gráfico 1). Estos datos son de noviembre de 2010, una vez que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya había emprendido su giro de 180 grados abandonando su “salida social” de la crisis por imposición de los mercados. Un cambio que para muchos ciudadanos plasmó con claridad los límites del poder político y el músculo del poder económico de nuestro tiempo, pues un gobierno pionero en la promoción y la protección de los derechos sociales blindaba, sin pestañar, los niveles de gasto público para enviar una “señal a los inversores”.

La pérdida de confianza de la política puede también verse reflejada en la incapacidad de la política para “gobernar”. Es decir, para llevar a cabo un programa político de forma independiente. Así lo muestran los datos de la Fundación Alternativas que desde el 2008 viene realizando una evaluación de la democracia en España en donde expertos evalúan (con una nota del 0 al 10) varios aspectos de nuestro sistema político. En el gráfico 2 puede verse cómo la evaluación que éstos hacen de la capacidad del gobierno para solucionar los problemas fundamentales de los ciudadanos, así como su independencia respecto al poder económico ha caído casi ininterrumpidamente desde el comienzo de la crisis. En el 2013, las notas no superan el aprobado.

Estas percepciones ponen en tela de juicio a la política como herramienta para gobernar nuestro propio destino. Para cambiar el mundo. Ponen en entredicho, en definitiva, que el poder político, fundado en principios democráticos, pueda atender a los intereses de la mayoría frente al poder de los inversores, de los bancos, de las finanzas… del dinero. Permitir que se subvierta este principio vaciaría nuestra democracia, donde la igualdad política claudicaría ante la desigualdad económica.

En Líneas Rojas creemos que la socialdemocracia del siglo XXI no puede renunciar a la política. Los progresistas no podemos asumir las tesis de la tecnocracia ni el actual desencanto con “los políticos”. Gobernar no es entorpecer a los mercados. Gobernar es establecer reglas de juego en donde la libertad puede conjugarse con la eficiencia, la equidad y la igualdad de oportunidades. En contra de los privilegios y las desigualdades.

Es necesario recuperar la iniciativa y el liderazgo de los principios socialdemócratas. Probablemente revisando los medios, pero apuntando a los mismos fines. Porque la política puede cambiar al mundo y someter a los mercados.

8. Invertir en ciencia y tecnología es invertir en futuro »

Mucho se habla de la pronta salida de la crisis, pero hasta ahora los españoles no sabemos cuál es el modelo económico que va a remplazar a la economía del ladrillo y a la especulación financiera.

La crisis económica y su incansable retorica del recorte hablan de ciencia e innovación como salidas de la crisis a la vez que le propinan brutales golpes. En buena parte porque la ideología de derechas sigue constreñida al paradigma fallido del crecimiento económico y la reducción del papel del estado, sin aceptar que para que la ciencia avance es indispensable el concurso de factores públicos y privados, y de que calidad de vida es mucho más que consumo sin límite.

El gasto en ciencia y educación ha caído a niveles de 2005. El CSIC, abanderado de la ciencia en España amenaza con no poder enfrentar sus pagos y la salida de personal investigador es una hemorragia de talento humano.

El Gobierno pretende que la inversión pública en I+D+I se congele al menos hasta 2020. Si la meta era destinar un 3% del PIB a actividades de desarrollo científico y tecnológico esta se rebaja al 2% y aun así no hay garantías de que se alcance este porcentaje puesto que para alcanzarlo se espera que aumente la participación privada.

Es evidente que la empresa tiene que invertir en I+D+I, pero esto no ocurre, de hecho, decrece. España no cuenta con un sistema empresarial de alta tecnología. Predominan las empresas pequeñas que mantienen un estrecho vínculo con el sistema público de investigación y que sin ayudas está condenado al fracaso.

El problema reside en la base del obsoleto modelo económico liberal y su percepción de lo público. El dinero que se invierte en educación, ciencia y tecnología e innovación no es gasto, es inversión porque produce rendimientos para toda la sociedad, y de hecho, como se ha demostrado, los resultados aparecen en un periodo menor a lo esperado.

Recientemente investigadores españoles publicaron un análisis ( Dark Clouds over Spanish Science) refutando la falacia de que la inversión en I+D+I en España no es productiva. El texto publicado en la revista Science y del que se hace eco un post en eldiario.es, señala que el gasto total en I+D+I como porcentaje del PIB se triplicó entre 1998 y 2008. Durante ese periodo la producción científica, la calidad y la innovación de los mismos (medidas en cantidad de publicaciones, citaciones y patentes respectivamente) crecieron en una tasa idéntica, se duplicaron. Más aun, si la calidad científica, es decir el impacto de los desarrollos entre el entorno científico suele ser el que más tarda en presentar resultados, en el caso español casi se triplicó entre 2003 y 2012. España produce ciencia de calidad y con un adecuado impulso podría equipararse a EEUU o Alemania.

Otro de los problemas de la errada concepción que orienta la propuesta gubernamental de recortes es la de creer que es posible priorizar la ciencia aplicada, dirigida al mercado por encima de la ciencia básica. En primer lugar, porque como es evidente todo desarrollo aplicado surge de la investigación básica. En segundo lugar porque al no existir un tejido productivo suficientemente innovador y con suficientes recursos es más probable que decline la participación en la ciencia de la empresa española a que esta se mantenga solo por iniciativa privada. En tercer lugar, porque no todo lo que es necesario científicamente es productivo en términos de mercado y no por ello es un despilfarro. En este orden están, por ejemplo, la investigación en enfermedades raras, el desarrollo de los bienes públicos globales o la investigación en ciencias sociales, que aportan mejoras a la misma administración pública y a la calidad de vida de la sociedad pero no tienen un mercado en sí mismas.

No puede dejarse al mercado de forma exclusiva la determinación de lo que es relevante o necesario. No por ello quiere decir que se asuman perdidas o se gaste a fondo perdido. Es necesario que exista un control claro en el cumplimiento de los objetivos de investigación, que se haga seguimiento a los fondos y que se busque mejorar el gasto.

Además de los argumentos económicos, y éticos, invertir en I+D+I es una buena apuesta política según una encuesta reciente de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el 80% de los españoles apoya incrementar o mantener la inversión pública en I+D+I.

En definitiva, el gran problema de la ciencia española no es su calidad, es la falta de recursos. La ciencia española es rentable, pero además genera réditos sociales porque mejora la vida de la gente, crea empleo y especialmente es la mejor herramienta que tenemos para romper el viejo paradigma del crecimiento y el consumo y cambiarlo por uno en el que los objetivos sean calidad de vida y sostenibilidad. Para cambiar especulación por producción. Por muy grandes que sean las preocupaciones del día a día, es necesario actuar de forma estratégica a futuro. La inversión en ciencia es inversión estratégica indispensable para que España salga del furgón de cola (el puesto 18) de la Europa de la innovación.

9. Ni un paso atrás en el reconocimiento de derechos ni en el respeto a la diversidad »

Avanzado el siglo XXI, las sociedades cerradas, integradas por un grupo humano perfectamente homogéneo desde un punto de vista étnico, nacional o cultural, o bien constituyen una anécdota geográfica sin relevancia internacional o bien están condenadas a desaparecer irremisiblemente, ante el avance imparable de eso que hemos dado en llamar “globalización”, y que tantas repercusiones tiene no solo en el terreno económico, sino también en el político, social, medioambiental, etc.

La sociedad española ha experimentado en los últimos lustros un extraordinario proceso de diversificación, como consecuencia, sobre todo, de la llegada de ciudadanos comunitarios y de inmigrantes de otros países en busca de trabajo, al calor de la expansión económica de finales del siglo pasado y comienzos del actual, provocada, en gran medida, por la después conocida como “burbuja inmobiliaria”. Aunque desde el “estallido” de esta última, con las perniciosas consecuencias que ello ha tenido, sobre todo, en el terreno laboral, este proceso se está revirtiendo en algún grado, lo cierto es que la sociedad española de 2013 en nada se parece ya (ni se puede parecer) a la de finales de la pasada centuria.

Pero esa diversidad social no solo ha tenido lugar a causa de la inmigración, sino que la misma también ha aflorado en el seno de la población nacional española, como consecuencia del reconocimiento de derechos a favor de ciertos colectivos antes invisibilizados o formalmente marginados. El caso del llamado colectivo LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) o el de las personas con algún tipo de discapacidad constituyen dos claros ejemplos, entre otros muchos.

Con independencia de la consideración que le merezca a cada uno esa diversidad, lo cierto es que la misma constituye ya un hecho insoslayable, característico de cualquier país abierto al mundo, en constante intercambio y comunicación con él. De ahí que los esfuerzos deban de dirigirse no a seguir preguntándonos sobre lo positivo o negativo de la misma, sino sobre la mejor forma de conseguir que el reconocimiento y respeto de esa diversidad sean reales y efectivos, en el sentido de que constituyan el germen de una sociedad bien cohesionada, no integrada por grupos sociales que despliegan vidas paralelas, no dialogantes.

La clave está en hacer posible la cohesión social con la coexistencia de culturas diferentes en el seno de un mismo territorio. Se trataría de fomentar una convivencia enriquecedora entre los diferentes grupos sociales, basada en la igualdad de oportunidades de todos ellos y en el respeto a sus tradiciones étnicas, culturales, religiosas, etc., en el marco de los principios y valores constitucionales, cuya observancia es garantía, precisamente, de esa convivencia armónica.

Desde Líneas Rojas creemos que la diversidad no solo es, en efecto, constitutiva de cualquier sociedad democrática y, por tanto, abierta, sino que además, en sí misma, constituye un valor positivo y enriquecedor, en tanto que nos descubre la relatividad de nuestras propias posiciones, situaciones, creencias y convicciones, siendo esta la mejor forma de evitar la tentación constante de los fundamentalismos esencialistas y excluyentes.

Pero el reconocimiento de esa diversidad no es más que una declaración de buenas intenciones si no viene de la mano de la garantía de derechos a favor de quienes la hacen posible. Los avances, en este sentido, han sido considerables en los últimos años. Es de justicia reconocer que el gobierno socialista del Presidente Rodríguez Zapatero impulsó con decisión la ampliación de derechos civiles y el fomento al respeto de la diversidad. Posiblemente, esta sea la mejor parte de su haber.

Pero la crisis económica y el acceso a las diversas instancias de poder del Partido Popular, muchas veces incapaz de comprender y asumir esos cambios sociales, están poniendo en serio riesgo algunos de los logros conseguidos, por más irreversibles que los consideremos.

El mantenimiento de la integración y la cohesión en las sociedades plurales demanda tanto una atención constante hacia el respeto de los derechos conquistados, como la puesta en práctica de una pedagogía de la diversidad que se debe de fomentar, sobre todo, aunque no solo, desde los poderes públicos. Y no es esto precisamente lo que se está haciendo por parte del actual Gobierno del Estado y del de algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Quienes desde la ideología y la acción política no crean en la diversidad y quieran recuperar, por nostalgia, esencias de un pasado homogéneo y supuestamente idílico, someterán a una tensión indeseable a una sociedad que solo puede ser diversa. Y si además pretenden recortar derechos ya reconocidos a favor de colectivos tradicionalmente discriminados generarán una fractura social de consecuencias impredecibles.

De ahí que, desde Líneas Rojas, nos neguemos a dar un solo paso atrás en el reconocimiento de derechos y en el respeto a la diversidad. Entendemos que esta debe de ser una seña distintiva de cualquier partido político que se considere progresista, pues el progreso consiste precisamente en eso: una búsqueda incansable de la igualdad y la libertad.

Más bien, en el punto en que nos encontramos debiéramos plantearnos seriamente un nuevo impulso a favor del reconocimiento de nuevos derechos civiles. Además, resulta particularmente importante extender también los de carácter político a favor de los inmigrantes. Si a los nuevos ciudadanos provenientes del exterior les exigimos que cumplan con sus obligaciones, muy destacadamente, las de carácter fiscal, no parece que tenga demasiado sentido negarles los derechos que los nacionales tenemos, incluidos los de carácter político. Su plena integración social, conditio sine qua non de una sociedad bien cohesionada, así lo demanda.

Pero esa ampliación o reconocimiento formal de derechos no puede despistar la trascendencia de la cuestión de fondo que se esconde detrás, pues no son pocas las ocasiones en que la efectividad de los mismos no es más que una mera ilusión. Es más, puede llegar a ocurrir que el reconocimiento legal de un determinado derecho a favor de un colectivo tradicionalmente discriminado, en parte, contribuya a ocultar la realidad, no tan favorable, que se oculta tras ese formalismo.

En definitiva, el respeto a la diversidad y el mantenimiento de los derechos conquistados, junto al reconocimiento de otros nuevos, deberían formar parte de la columna vertebral de un programa progresista de gobierno que urge volver a poner en práctica.

10. El Estado, laico »

“Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones” Esto es lo que dispone el artículo 16.3 de nuestra Constitución de 1978, lo que viene a significar que aunque la misma no reconoce como oficial ninguna religión en concreto, sí admite que el Estado pueda celebrar acuerdos (de colaboración o de ayuda económica, principalmente) con ciertas instituciones religiosas.

España firmó, el 3 de enero de 1979, acuerdos con la Santa Sede, sobre asuntos jurídicos, enseñanza y asuntos culturales, asuntos económicos y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y servicio militar de los clérigos y religiosos. En la práctica, los mismos vienen a significar que el Estado español no es neutral, ya que se mantienen privilegios tributarios, económicos, simbólicos, políticos y en materia de Enseñanza y servicios sociales con la Iglesia Católica. Lo que implica que todos los contribuyentes (sean o no sean católicos) sostienen con sus impuestos a una concreta confesión religiosa (sin perjuicio de colaborar también, en menor medida, con otras: comunidades evangélicas, judías e islámicas). Se calcula que en España la Iglesia recibe en total 11.000 millones de euros al año, entre exenciones fiscales y asignación directa.

Pero los privilegios de la Iglesia Católica no son solamente económicos, sino también simbólicos. La presencia de la Iglesia Católica en la vida pública se extiende a través de la existencia de capillas en los Hospitales Públicos y Centros de Enseñanza Pública, la asignatura de religión o la presencia de los crucifijos sobre los que muchos políticos juran sus cargos.

¿7 de cada 10 españoles católicos?

Si atendemos al barómetro de junio de 2013 del CIS, podremos constatar que 7 de cada 10 españoles se consideran “católicos”. No obstante, un poco más adelante descubrimos que no superan el 25% los que se declaran católicos practicantes o de catecismo, mientras que ya pasan del 20 % los que abiertamente se declaran ateos y agnósticos e indiferentes ante el hecho religioso. Entre los menores de 40 años, que son la generación educada al margen del antiguo catolicismo impuesto,  solo un 55% se declaran católicos, mientras que, de estos, solo un 9% se reconocen practicantes. Por su parte, un 35% de los menores de 40 años se consideran ateos, agnósticos, no creyentes o indiferentes.

Ley de Libertad Religiosa de 1980

En la actualidad el estado español mantiene una clara “confesionalidad encubierta”, escudándose para ello en unas supuestas interpretaciones constitucionales e históricas. A tal efecto, sitúa a la Iglesia Católica en una posición de privilegio y monopolio en amplias esferas de la vida social y política, en clara discriminación hacia otras confesiones y creencias y, sobre todo, hacia otras convicciones no religiosas, en un país que socialmente está cada vez más secularizado.

La Ley de Libertad Religiosa de 1980 ya no sirve; hay que sustituirla por una Ley de Libertad de Conciencia, que abarque muchas otras cosas, entre ellas, la libertad religiosa, que, en realidad, como tal, no existe, como tampoco existe una “libertad atea”, ya que la simple palabra “religión” implica de por sí que todos tengan que tener una religión, cuando, en realidad, como hemos visto en el estudio del CIS citado anteriormente, el 35% de los menores de 40 años afirman no profesar ningún tipo de religión.

Desde Líneas Rojas apostamos fuertemente por un Estado Laico y no aconfesional que garantice:

1-      El Derecho a la Libertad de conciencia (incluida la libertad de religión) y de expresión plena de cada ciudadano y ciudadana.

2-      Unos actos oficiales totalmente laicos y unas instituciones públicas totalmente laicas (entre ellas la Enseñanza)

3-      Una separación total de las religiones y de las administraciones e instituciones públicas.

Desde Líneas Rojas queremos dejar claro también que laicismo no es anticlericalismo. No queremos caer en ese debate, que a muchos conviene, en virtud del cual se establece una polarización entre anticlericalismo y clericalismo. En nuestra opinión, esta es una cuestión que se sale de esa órbita, al estar en juego los derechos civiles, la libertad de conciencia y la profundización de la democracia.

Para ello proponemos, en términos generales, lo siguiente:

-          Derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979 (y del Concordato de 1953, aunque sin efecto, formalmente aún en vigor).

-          Derogación de la Ley de Libertad Religiosa de 1980 y sustitución por una Ley de Libertad de Conciencia.

-          Fin de los privilegios fiscales de la Iglesia Católica.

-          Cese de la financiación con dinero público a todas las confesiones y actos religiosos.

-          Supresión de los símbolos religiosos, sean de la confesión que sean, de todas las  instituciones públicas (salvo que se trate de patrimonio histórico-artístico).

-          La enseñanza de cualquier doctrina religiosa deberá quedar fuera de la escuela pública y privada subvencionada con fondos públicos, así como de las enseñanzas universitarias. Se eliminarán las capillas y cualesquiera otros lugares de culto, así como la simbología religiosa, de todos los centros públicos docentes, universitarios y no universitarios.

-          Diseño de una hoja de ruta para la consecución de un auténtico Estado Laico.

Laicismo y Socialdemocracia

Laicismo y Democracia son principios indisociables, ya que el laicismo significa la defensa del pluralismo ideológico en condiciones de igualdad, en tanto que regla fundamental del Estado Democrático de Derecho. Ello requiere, como condición indispensable, el establecimiento de un marco jurídico adecuado y efectivo que garantice y proteja tal pluralismo frente a toda interferencia de instituciones religiosas (o de otra naturaleza filosófica o ideológica) dotadas de ventajas o privilegios.

Socialdemocracia y laicismo deben ir de la mano, porque no puede haber un Estado de derecho moderno y progresista sin un Estado Laico. Además, en la genética política de la socialdemocracia clásica el laicismo es un principio fundamental, aunque con el paso del tiempo se haya desvirtuado una parte importante de aquel ideario. Desde Líneas Rojas apostamos decididamente por la laicidad del Estado, al margen de tibiezas y tácticas electorales cortoplacistas.

11. Igualdad real entre hombres y mujeres »

Con la excusa de reducir el déficit público para capear la crisis económica, el gobierno incide directamente en las políticas públicas y por ende en los derechos de la ciudadanía. Las más afectadas por los recortes en derechos sociales, económicos, políticos y culturales son las mujeres.

Ese sector se ve obligado a ampliar sus actividades por la reducción de los servicios públicos. Así se crea un limbo en el que se oculta el trabajo no remunerado. Al carecer de independencia económica, las mujeres de todas las edades, acaban perdiendo la capacidad de tomar decisiones y ven menoscabada su libertad para ejercer sus derechos sociales y políticos.

Los recortes en la Ley de Dependencia, que debía garantizar la prestación pública de servicios tradicionalmente relegados al sector privado; el rechazo a la ampliación del permiso de paternidad; la eliminación de instituciones que velaban por la promoción de la igualdad real; los recortes en la protección a las mujeres de la violencia machista, la falta de igualdad real entre hombres y mujeres… todos estos factores ponen de manifiesto la desigualdad de oportunidades de las mujeres frente a los hombres.

Se afianza un sistema económico basado en la división sexual del trabajo: la mujer, en ocasiones, realiza una doble o triple jornada laboral. Aumenta su presencia dentro de la casa y la disminuye en el espacio público.

La construcción de la feminidad y de la masculinidad es una construcción social. Este proceso puede minimizar o fomentar las desigualdades y la exclusión de determinados ámbitos según las estructuras sociales impuestas o aprendidas. Por ello, la igualdad real nunca será posible si no se empieza desde la base, es decir, desde la educación, por parte de los padres/madres y de las instituciones implicadas en el proceso educativo.

La adscripción del hombre al sector público y de la mujer al sector privado, justificada tradicionalmente en la diferente naturaleza de unos y otras, carece de legitimidad. Hay que crear una nueva relación donde ambos se encuentren en igualdad real.

Un ejemplo de esa división de espacios es el ámbito de la educación superior y la investigación. La escasa participación de la mujer en la producción académica es un síntoma de desigualdad.

La igualdad real requiere de un comportamiento determinado enraizado en un compromiso ético. La verdadera forma de garantizar los derechos humanos es a través de la inversión en políticas públicas destinadas a una igualdad real entre hombres y mujeres. Los cambios sociales tienen una gran visibilidad, pero para que estos sean efectivos han de ir emparejados con un cambio efectivo en la sociedad. Sólo serán posibles gracias a la presión de la sociedad civil.

Un reparto equitativo de las actividades no remuneradas en el ámbito privado es crucial para una verdadera conciliación de vida familiar y laboral. El permiso de paternidad no es hoy en día el más apropiado para la igualdad real, pero ayuda a la asunción de corresponsabilidad por parte de los hombres.

La Constitución Española establece la responsabilidad de los poderes públicos en la promoción de las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas (artículo 9.2).  El artículo 14 garantiza la igualdad jurídica y reconoce el derecho concreto de igualdad de todos los españoles y españolas ante la ley, sin que prevalezca discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social…. También establece la igualdad de trato entre mujeres y hombres en los medios de comunicación, en el acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo, a los derechos de maternidad y a la conciliación laboral, familiar y personal.

La igualdad real pasa por la garantía de igual empleabilidad, la igualdad salarial, una menor precariedad en las condiciones laborales y la igualdad de oportunidades a la hora de abandonar la vida laboral para atender a familiares dependientes.

El mayor acceso a la formación y la independencia económica de las jóvenes ha facilitado cambios en sus formas de vida, así como en sus intereses y aspiraciones. También ha provocado cambios en los patrones de la masculinidad. Los hombres tienen que reelaborar y reinterpretar unas nuevas relaciones que cada vez son más igualitarias.

La incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, a los ámbitos de la vida pública, justicia, educación, política, sanidad, etcétera, son evidentes; pero son avances que ocultan una menor retribución salarial, como lo muestra su baja presencia en los niveles elevados de la escala salarial. Se constata una segregación sectorial y profesional, aunque el número de mujeres con titulación superior es hoy mayor que el de hombres.

A la hora de percibir prestaciones por desempleo, existe una diferencia sustancial entre las percibidas por los hombres y mujeres. Las prestaciones llegan a ser 7 puntos más elevadas para ellos en determinadas franjas de edad, siendo la media de 5 puntos. Las mujeres desempleadas cobran menores subsidios que los hombres desempleados.

Los nuevos modelos de familias no han conseguido desplazar a las mujeres en su representación mayoritaria de familias monomarentales con hijos a su cargo (las que tienen mayor riesgo de pobreza).

El hombre no ha sabido o no ha querido asumir su cuota de responsabilidades a nivel familiar, doméstico y del cuidado de personas dependientes. Esa situación ha provocado que las mujeres hayan visto aumentada su carga de trabajo respecto a los hombres.

Los cambios producidos en las mujeres en las cuatro últimas décadas han transformado el modelo de feminidad tradicional. Los hombres renuentes a modificar su estatus de privilegio han vivido esos cambios como una verdadera afrenta. Se han creado nuevas feminidades pero no nuevas masculinidades, lo que ha dificultado las relaciones de género igualitarias.

El proyecto socialista, inspirado en los principios de justicia, solidaridad e igualdad, aspira a hacer efectiva la igualdad real entre hombres y mujeres como condición necesaria para mejorar la calidad democrática y asegurar el progreso y el bienestar de la sociedad.

12. La lucha contra el cambio climático es vital y una fuente de riqueza »

El medio ambiente es quizá la línea roja más profunda e invisible de todas. El sistema de equilibrio natural de nuestro rompecabezas planetario, del que cada nación es  una pieza dinámica insustituible, no conoce fronteras administrativas, límites territoriales o circunscripciones políticas. Hoy sabemos que si seguimos quebrando el equilibrio del medio hasta extremos de no retorno (en algunos casos ya traspasados), pelear por la redistribución de la riqueza, la igualdad identitaria o la construcción de un estado federal son solo un desiderátum. Todo futuro de justicia social, de economía social o de tolerancia política solo es posible si trabajamos en paralelo por una defensa a ultranza de la sostenibilidad medioambiental.

Los paradigmas sobre los que se ha abordado la sostenibilidad desde instituciones y mercado –el crecimiento sostenible- deben ser debatidos y cuestionados desde enfoques que enfaticen el decrecimiento –downshifting- como alternativa. Desde Líneas Rojas consideramos que se deben sentar las bases de una estrategia medioambiental  firme, templada y consciente desde dos escalas diferentes:

En primer lugar, apostamos por la construcción de estructuras regulatorias y caminos políticos que pongan fin al abuso depredador de los recursos del planeta auspiciado por la lógica capitalista, pensando tanto en el ámbito global como en el más local y próximo. En segundo lugar, proponemos una redefinición de nuestros patrones cotidianos de consumo, de nuestros hábitos individuales o familiares y del marco de valores, para contribuir al equilibrio medioambiental. Los pequeños gestos cotidianos son importantes por su efecto directo, pero, sobre todo, por su efecto concienciador.

Muchos aspectos de la preservación del medioambiente son conocidos por la opinión pública, incluso se han convertido en un necesario –y atractivo- ámbito de las políticas públicas. No obstante, los cortos y medios plazos de muchas iniciativas políticas son insuficientes cuando hablamos de protección y preservación del medio ambiente. Son necesarias estrategias a largo plazo de carácter estructural y multidisciplinar.

Líneas Rojas toma como punto de partida la idea de que reducir y reformular el crecimiento económico es mucho más que una opción, es una obligación, dados los límites físicos de la naturaleza. La readaptación es casi imperativa (salvo que ignoremos el problema) y puede llevarse a cabo ora a través de la patrimonialización oligárquica o elitista de los recursos y residuos, ora mediante mecanismos de reajuste sistémico planificados y desarrollados sobre criterios de equidad, justicia, respeto y generosidad. Sabemos que no es tarea rápida pero sí urgente el iniciarla.

Consideramos que esta urgente tarea debe estructurarse en torno a siete ejes temáticos:

1)      Promoción del principio de suficiencia: uso de recursos en función de disponibilidad (finitud y equidad)

2)      Ciclo de los materiales: promover la circularidad frente a la linealidad

3)      Lucha contra los xenobióticos (elementos no biodegradables y contaminantes)

4)      Apuesta por la vida en proximidad

5)      Energías renovables

6)      Diversidad biológica

7)      Formación y aprendizaje, (igual que la publicidad –propaganda comercial- nos sitúa en el campo del consumo, debemos promover comunicación constante en relación a la sostenibilidad y su laberíntica praxis: reciclado, cultura del ahorro, de la reutilización, etc.)

A su vez, estos ejes están mediados por dos escalas de actuación sobre las que planteamos una batería de acciones posibles y necesarias:

1) Escala Actitudinal.

Queremos favorecer el cambio de hábitos de consumo y estilos de vida mediante el replanteamiento de conceptos como el poder adquisitivo y el nivel de vida.

Reivindicamos el desarrollo de prácticas que favorezcan la sostenibilidad de verdad: aspiramos a aprender a vivir bien con menos, a reducir el consumo de energía y materiales; apostamos por una movilidad sostenible basada en el transporte público y medios alternativos no contaminantes; apoyamos el autoconsumo agroalimentario, la agroecología en general y el consumo de temporada; también secundamos procesos de generación de energía de autoconsumo, y, sobre todo, la formación continua en el ámbito medioambiental. Por eso, al igual que en las aulas ya hay educación vial, debemos incorporar una sólida y lúdica educación medioambiental enfocada a la idea de la vida sostenible en el ecosistema urbano como paradigma de hábitat dominante.

Los aspectos que aquí se plantean no dependen exclusivamente –ni deben hacerlo- de la intervención de las administraciones publicas, sino que están también en manos de la ciudadanía. Las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen y el creciente conocimiento público sobre muchos de los mecanismos del sistema abren el campo a nuevos modelos productivos basados en esquemas colaborativos y de producción de conocimiento colectivo.

2) Escala Normativa.

Proponemos el desarrollo de un horizonte medioambiental fundamentado en la capacidad normativa, incentivadora y desincentivadora, del Estado y la Unión Europea. Apostamos decididamente por la internalización de todos los costes asociados a los combustibles (fósiles, nucleares, renovables) para determinar con mayor exactitud el coste por unidad de producción/consumo. Queremos una legislación contundente que penalice el despilfarro energético y que garantice el acceso universal a recursos básicos (agua, electricidad, etc.). Animamos la puesta en práctica de políticas desincentivadoras del consumo, normas contra la obsolescencia programada, y en favor de un decálogo técnico de edificación sostenible bioclimática.

Debemos revisar sin falta los criterios de espacio público dedicados al transporte privado. Defendemos el urbanismo de cercanía con densidades de población razonables (no somos partidarios del crecimiento horizontal de viviendas unifamiliares donde el coche es imprescindible). Necesitamos un marco legal para la producción eléctrica en favor de las renovables. Debemos poner en marcha Leyes Nacionales de Cambio Climático para forzar la convergencia planetaria hacia los acuerdos globales constantemente ignorados. Frente a la deriva actual queremos ampliar los espacios protegidos. Es también necesario alcanzar un consenso sobre las grandes infraestructuras de transporte, y, desde luego, derogar la nueva Ley de Costas para la mejor protección de estas. Es urgente la introducción de criterios ambientales en las políticas públicas.

En definitiva, este nuevo paradigma medioambiental que proponemos hay que abordarlo desde la convicción de que es inapelable e inaplazable, al menos, para los que queremos que nuestro planeta nos sobreviva en cientos de generaciones, y lo hacemos desde el convencimiento de que hoy la redistribución de la riqueza propuesta por el socialismo democrático pasa por una nueva relación con el medio natural. Para lograrlo sabemos que es necesario un programa fuerte de comunicación positiva, como los que realizan las fuerzas del mercado para mantener vivo el engranaje del consumo. Estas campañas de concienciación (publicidad, aprendizajes colectivos en lugares de trabajo y de ocio, etc.) deben acompañarse de fuertes programas normativos, contundentes con su incumplimiento, generosos con su cumplimiento, que impidan, desde el ámbito jurídico y legislativo, cualquier acción que actúe contra el medio ambiente.

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Es evidente que estas doce líneas rojas no agotan en absoluto los ámbitos de debate y acción que, a nuestro modo de ver, deberían orientar a la socialdemocracia del siglo XXI. Pero creemos que sí ejemplifican los retos y propósitos básicos que deberían conformar su estrategia de futuro, aportando nuevas soluciones a los desafíos económicos y sociales de las últimas décadas, a la vez que recuperan la esencia progresista que ha caracterizado a este movimiento desde sus orígenes. Sólo de esta forma los partidos socialdemócratas podrán recuperar la confianza de una mayoría social de progreso.

Miembros integrantes de Líneas Rojas (www.lineasrojas.org)