Reflexiones tras el debate

Si algo ha quedado claro tras las siete horas de debate sobre la proposición de ley orgánica de delegación en la Generalitat de Catalunya de la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de esta Comunidad autónoma es que hay que seguir debatiendo, dialogando, buscando puntos de encuentro, consensos. O eso, o la ruptura del marco constitucional vigente, con sus indeseables consecuencias.

No obstante, para que un diálogo sea fructífero conviene partir de algunas premisas previas. La primera, por supuesto, el ánimo mismo de dialogar, es decir, de hablar y escuchar a nuestro interlocutor. La defensa de las posiciones propias, por muy convincentes que nos puedan parecer, no justifica que hagamos oídos sordos hacia las opiniones o deseos de los demás. El Presidente Rajoy y el President Mas deberían tenerlo muy presente.

Resulta preciso además definir bien el objeto del debate, para que no hable uno de lo que la Constitución establece y otro de lo que el poble de Catalunya quiere, como si se tratase de dos realidades por completo extrañas, destinadas a no encontrarse nunca.

Conviene, por otra parte, rebajar el nivel de “soberbia”, si es que se puede denominar así, a fin de que uno no se erija en intérprete único y auténtico de lo que la Constitución dispone, y el otro en representante, igualmente único y auténtico, de lo que una sociedad, plural, como todas, realmente quiere. Más que nada porque la Constitución se puede reformar, con el ánimo de mejorar y actualizar su contenido, y la opinión de una sociedad no se puede reducir a unidad si es que no se quiere dejar por el camino a muchas personas que no están dispuestas a encajar en esa visión unívoca, con la consiguiente fractura social que ello provocaría.

A partir de ese acuerdo de mínimos, esto es, que la Constitución se puede reformar y que no se debe someter a la sociedad catalana a un dilema irresoluble, dada su complejidad intrínseca, habrá que empezar a definir qué reforma de la Constitución se necesita para que la situación futura resulte cómoda para todos.

Esa reforma constitucional, en su vertiente territorial, debería estar inspirada en un propósito claro: Mejorar la organización y funcionamiento del Estado autonómico español, lo que necesariamente obligará a llevar a cabo, entre otras cosas, modificaciones en el terreno competencial y orgánico, a fin de definir con claridad qué competencias corresponden al Estado central y qué otras a las Comunidades autónomas, y de convertir al Senado en una auténtica cámara de representación de las diferentes voluntades autonómicas.

Y todo ello, claro está, desde el ánimo de que el Estado central se encuentre en condiciones de cumplir con solvencia  las tareas propias de un Estado moderno, de marcado carácter social, y de que las CCAA, de igual modo, puedan hacer frente a sus obligaciones públicas en las mejores condiciones posibles, garantizando, en todo caso, que las mismas podrán desarrollar su cultura, idioma propio, en caso de que lo tengan, y demás rasgos identitarios con plena libertad, dentro del respeto siempre, sobre decirlo, a la cultura, idioma o identidad de los demás.

Para la consecución de este objetivo, que parece loable y que está al alcance de nuestra mano, nada mejor que practicar la “cultura federal”, dado que es ella la que, según demuestra la dilatada experiencia comparada, mejor se adapta a tales fines.

Encima de la mesa hay ya una propuesta, seria y bien fundamentada, de reforma constitucional en clave federal, la del PSOE. Dejando de lado su origen partidista, está por ver si el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat, y los partidos políticos que los sostienen, están dispuestos a hacerla suya, o, en su defecto, a proponer otra de contenido similar, con el fin primordial de buscar la salida del callejón en el que nos encontramos. La responsabilidad es suya. Si siguen en sus trece, unos y otros, tendrán que explicarnos de manera convincente por qué optan por el conflicto, por más que se refugien en el parapeto constitucional o en supuestos argumentos de legitimidad democrática, en lugar de apostar por una reforma constitucional que mejore la organización y funcionamiento de nuestro Estado y, lo que es mucho más importante, que facilite una mejor convivencia entre todas las personas, con independencia de cuál sea su lugar de origen o procedencia. ¿Hay alguien en su sano juicio que se pueda negar a esto?

 

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