Igualdad real entre hombres y mujeres

Con la excusa de reducir el déficit público para capear la crisis económica, el gobierno incide directamente en las políticas públicas y por ende en los derechos de la ciudadanía. Las más afectadas por los recortes en derechos sociales, económicos, políticos y culturales son las mujeres.

Ese sector se ve obligado a ampliar sus actividades por la reducción de los servicios públicos. Así se crea un limbo en el que se oculta el trabajo no remunerado. Al carecer de independencia económica, las mujeres de todas las edades, acaban perdiendo la capacidad de tomar decisiones y ven menoscabada su libertad para ejercer sus derechos sociales y políticos.

Los recortes en la Ley de Dependencia, que debía garantizar la prestación pública de servicios tradicionalmente relegados al sector privado; el rechazo a la ampliación del permiso de paternidad; la eliminación de instituciones que velaban por la promoción de la igualdad real; los recortes en la protección a las mujeres de la violencia machista, la falta de igualdad real entre hombres y mujeres… todos estos factores ponen de manifiesto la desigualdad de oportunidades de las mujeres frente a los hombres.

Se afianza un sistema económico basado en la división sexual del trabajo: la mujer, en ocasiones, realiza una doble o triple jornada laboral. Aumenta su presencia dentro de la casa y la disminuye en el espacio público.

La construcción de la feminidad y de la masculinidad es una construcción social. Este proceso puede minimizar o fomentar las desigualdades y la exclusión de determinados ámbitos según las estructuras sociales impuestas o aprendidas. Por ello, la igualdad real nunca será posible si no se empieza desde la base, es decir, desde la educación, por parte de los padres/madres y de las instituciones implicadas en el proceso educativo.

La adscripción del hombre al sector público y de la mujer al sector privado, justificada tradicionalmente en la diferente naturaleza de unos y otras, carece de legitimidad. Hay que crear una nueva relación donde ambos se encuentren en igualdad real.

Un ejemplo de esa división de espacios es el ámbito de la educación superior y la investigación. La escasa participación de la mujer en la producción académica es un síntoma de desigualdad.

La igualdad real requiere de un comportamiento determinado enraizado en un compromiso ético. La verdadera forma de garantizar los derechos humanos es a través de la inversión en políticas públicas destinadas a una igualdad real entre hombres y mujeres. Los cambios sociales tienen una gran visibilidad, pero para que estos sean efectivos han de ir emparejados con un cambio efectivo en la sociedad. Sólo serán posibles gracias a la presión de la sociedad civil.

Un reparto equitativo de las actividades no remuneradas en el ámbito privado es crucial para una verdadera conciliación de vida familiar y laboral. El permiso de paternidad no es hoy en día el más apropiado para la igualdad real, pero ayuda a la asunción de corresponsabilidad por parte de los hombres.

La Constitución Española establece la responsabilidad de los poderes públicos en la promoción de las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas (artículo 9.2).  El artículo 14 garantiza la igualdad jurídica y reconoce el derecho concreto de igualdad de todos los españoles y españolas ante la ley, sin que prevalezca discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social…. También establece la igualdad de trato entre mujeres y hombres en los medios de comunicación, en el acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo, a los derechos de maternidad y a la conciliación laboral, familiar y personal.

La igualdad real pasa por la garantía de igual empleabilidad, la igualdad salarial, una menor precariedad en las condiciones laborales y la igualdad de oportunidades a la hora de abandonar la vida laboral para atender a familiares dependientes.

El mayor acceso a la formación y la independencia económica de las jóvenes ha facilitado cambios en sus formas de vida, así como en sus intereses y aspiraciones. También ha provocado cambios en los patrones de la masculinidad. Los hombres tienen que reelaborar y reinterpretar unas nuevas relaciones que cada vez son más igualitarias.

La incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, a los ámbitos de la vida pública, justicia, educación, política, sanidad, etcétera, son evidentes; pero son avances que ocultan una menor retribución salarial, como lo muestra su baja presencia en los niveles elevados de la escala salarial. Se constata una segregación sectorial y profesional, aunque el número de mujeres con titulación superior es hoy mayor que el de hombres.

A la hora de percibir prestaciones por desempleo, existe una diferencia sustancial entre las percibidas por los hombres y mujeres. Las prestaciones llegan a ser 7 puntos más elevadas para ellos en determinadas franjas de edad, siendo la media de 5 puntos. Las mujeres desempleadas cobran menores subsidios que los hombres desempleados.

Los nuevos modelos de familias no han conseguido desplazar a las mujeres en su representación mayoritaria de familias monomarentales con hijos a su cargo (las que tienen mayor riesgo de pobreza).

El hombre no ha sabido o no ha querido asumir su cuota de responsabilidades a nivel familiar, doméstico y del cuidado de personas dependientes. Esa situación ha provocado que las mujeres hayan visto aumentada su carga de trabajo respecto a los hombres.

Los cambios producidos en las mujeres en las cuatro últimas décadas han transformado el modelo de feminidad tradicional. Los hombres renuentes a modificar su estatus de privilegio han vivido esos cambios como una verdadera afrenta. Se han creado nuevas feminidades pero no nuevas masculinidades, lo que ha dificultado las relaciones de género igualitarias.

El proyecto socialista, inspirado en los principios de justicia, solidaridad e igualdad, aspira a hacer efectiva la igualdad real entre hombres y mujeres como condición necesaria para mejorar la calidad democrática y asegurar el progreso y el bienestar de la sociedad.

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