El objetivo es el empleo de calidad, no cualquier empleo

La crisis se ha llevado por delante millones de puestos de trabajo. El desempleo ha alcanzado unos niveles tan dramáticos que resultan difícilmente compatibles con la visión que tenemos de un país desarrollado, lastra la generación de riqueza, socava el sistema de protección social y erosiona la calidad de vida de la ciudadanía. El paro es, no hay duda, nuestro principal problema y, por tanto, la creación de puestos de trabajo debería ser una prioridad para cualquier gobierno.

Pero como objetivo estratégico, no vale crear cualquier empleo. No es fácil hacer esta afirmación en un contexto tan difícil como el actual. Pero, si queremos salir de la crisis con solidez; si queremos construir una economía más fuerte y eficiente; y si queremos una sociedad que camine con paso firme hacia mayores niveles de progreso, es preciso no dejar de lado este postulado. Ni siquiera ahora, que lo prioritario es reducir el paro. Porque las urgencias deben ser atendidas, pero no son incompatibles con mantener una perspectiva de medio y largo plazo, que no traicione el modelo de sociedad avanzada y cohesionada en el que creemos. En este sentido, la idea de que es preferible un empleo precario al desempleo conduce a la resignación, al desánimo, al todo vale, que es el caldo de cultivo de la regresión social. Que el trabajador vea su empleo como un bien graciable por el empresario, y que viva la precariedad y las malas condiciones laborales como algo “natural” que es consecuencia de una crisis galopante (como ahora) o de la necesidad de competir con economías menos cuidadosas de los estándares sociales es, sin duda, una victoria del neoliberalismo.

Las políticas de empleo deben ser coherentes con el modelo de desarrollo y de sociedad por el que se apuesta. Por eso, desde la óptica socialdemócrata hay que rechazar la mercantilización del trabajo y reivindicar el papel de la legislación laboral como un instrumento necesario para la promoción de la igualdad en el mercado de trabajo y para la realización de la idea de ciudadanía en ese ámbito. Pero también como garante de unos resultados productivos más eficientes, porque los objetivos anteriores favorecen las estrategias empresariales que persiguen la competitividad, no a través de la reduccionista vía de la precarización y la reducción de costes laborales, sino mediante la formación de sus trabajadores, la innovación y la calidad del producto; en definitiva, los factores que caracterizan a las naciones más desarrolladas.

Si echamos la vista a atrás constatamos que el discurso neoliberal ha colonizado el mundo laboral desde hace varias décadas. Y los partidos socialdemócratas -con diferente intensidad según países y momentos- son en cierta medida responsables de ello: sea por incapacidad para defender unas tesis propias, sea por alejamiento del sentir de sus bases, han asumido unas premisas que determinan un campo de juego marcado y que es fuente de desigualdades e ineficiencias.

Paradójicamente, la crisis ha intensificado la fuerza de los planteamientos desreguladores pese a que han mostrado su rostro más antisocial e ineficaz. Lo sucedido en nuestro país es una buena ilustración de ello. Las reformas laborales adoptadas sin consenso en los últimos años están marcadas por la búsqueda de la flexibilidad empresarial a costa de los derechos de los trabajadores. El PSOE tiene una parte de responsabilidad por ello, y es bueno reconocerlo.

Pero el PP ha ido mucho más allá, amparado por las directrices de la troika. Los cambios introducidos en 2012 son tan “extremadamente agresivos” que suponen una auténtica ruptura laboral; un ataque en toda regla a nuestro modelo constitucional de relaciones laborales con un cuádruple objetivo: bajar los salarios, facilitar el despido, reforzar el poder unilateral de actuación del empresario y debilitar a los sindicatos. El resultado es un empleo de peor calidad, más precario, y una individualización de las relaciones laborales que debilita la defensa de los intereses de los trabajadores. Suponen, en definitiva, un verdadero cambio de modelo de relaciones laborales, cuyos efectos ya se están notando; pero serán mucho más evidentes dentro de unos años, una vez superada la crisis económica.

A esta ruptura laboral se añaden otras dos que completan el ataque frontal a los pilares del modelo social europeo. Una es la ruptura, el desprecio, al diálogo social como mecanismo de búsqueda de soluciones compartidas y pacíficas de los principales retos y problemas en el ámbito sociolaboral, y que ha dado muy buenos resultados en España en etapas anteriores. La agresividad de las actuaciones que están llevando a cabo requiere un escenario determinado por el miedo, el individualismo y la falta de debate e información; justo lo contrario de lo que implica el diálogo social: lealtad, transparencia y visión solidaria. La otra es la (inminente) ruptura del sistema público de pensiones, pues parecemos abocados a una reducción progresiva de las pensiones públicas de todos en beneficio de los instrumentos de ahorro privados de algunos. Son tres “rupturas” de modelo en tres ámbitos íntimamente relacionados (empleo, diálogo social y pensiones), que dan coherencia al discurso del (ultra)liberalismo económico y de la derecha política, y que la socialdemocracia no está sabiendo combatir.

Desde LR apostamos por otro modelo de relaciones laborales que recupere la centralidad del trabajo como eje esencial para el progreso y la cohesión social. Un modelo en el que el trabajo no es sólo un coste productivo (factor de producción), sino también la principal fuente de renta de la ciudadanía y sostén de la demanda (en suma, una fuente de riqueza), una forma de realización vital, un garante de desarrollo y un conductor de la estabilidad social.

No se trata de negar la evidencia del impacto de la globalización y la necesidad de implementar cambios en el modelo de relaciones laborales. Pero sí cabe luchar contra la globalización y el modelo laboral que nos impone la derecha económica y política, y que a través de la desregulación degrada los derechos de la ciudadanía que trabaja y agrava las desigualdades. Ni esto es inevitable, ni este modelo es más efectivo en términos de competitividad que ese otro basado en un empleo justo, seguro, igualitario, que incentive las capacidades de los trabajadores y su participación en el proceso productivo.

Hay otra política laboral, otra vía de actuación posible, que la izquierda debe defender con convencimiento y que se basa en tres pilares. Estabilidad: hay que forzar un cambio de mentalidad en los actores del mercado de trabajo para acabar con la cultura de la temporalidad y recuperar la centralidad de la contratación estable como presupuesto imprescindible para un cambio de modelo productivo. Participación y diálogo: un modelo de relaciones laborales más participativo –basado en una negociación colectiva equilibrada y en el diálogo social– permite una mejor respuesta a los vaivenes del ciclo económico y a los grandes retos estructurales. Protección: las prestaciones por desempleo y las pensiones públicas son una pieza fundamental de este modelo por su dimensión moral, de justicia social, pero también por sus positivas implicaciones económicas.

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