Una España federal y social en una Europa federal y social

España

La Constitución española, norma superior de nuestro ordenamiento jurídico, que proclama la vigencia del Estado de Derecho y su desarrollo democrático, también garantiza que el orden económico y social ha de ser justo, y que es objetivo nacional asegurar a todos una digna calidad de vida. En definitiva, que nuestro Estado debe de ser también social.

Y lo cierto es que aproximadamente durante los 20 años que siguieron a su aprobación se fueron construyendo y consolidando estructuras normativas e institucionales destinadas a garantizar cada vez una mayor cobertura social. Los pilares fundamentales sobre los que se asentó fueron sanidad y educación públicas y universales, de acceso gratuito, prestación por desempleo, pensiones, asistencia social, etc. No obstante, pese a lo innegable de los avances, el Estado español nunca alcanzó las cotas de protección social propias del modelo europeo y, menos aún, nórdico.

Hubo un momento, sin embargo, en el que, de la mano del desaforado e insostenible crecimiento económico, propiciado por la llamada “burbuja inmobiliaria”, la tendencia igualitaria se invirtió, y comenzó a producirse una mayor distancia entre los más pobres o desfavorecidos de nuestra sociedad y los más ricos o privilegiados.

El estallido de la crisis hace 6 años ha agravado considerablemente la situación de miles y miles de personas que han perdido su empleo, que han visto reducidos sus ingresos, que contemplan, sin resignarse, cómo los fundamentos de ese Estado social, a cuya construcción la mayoría ha contribuido decisivamente mediante el pago de sus impuestos, se resquebraja.

La construcción y el mantenimiento de un Estado social es una pregunta que interpela directa e inexcusablemente a la izquierda política, y, de manera clara, a la socialdemocracia, que tanto se esforzó en su ideación y progresiva construcción. La renuncia a esta seña de identidad significa, simple y llanamente, la pérdida misma de la identidad.

La crisis económica, pese a su agudeza, no está afectando a todos por igual. Ni mucho menos. La destrucción de riqueza está perjudicando, de manera insoportable y principal, a quienes no tienen más que su trabajo, y los ingresos que este le proporciona, como medio de subsistencia.

La defensa del Estado social es una cuestión de justicia en sentido emocional y de eficiencia en sentido económico. El dilema crisis económica versus Estado social es falso. Sencillamente, porque la destrucción del Estado social no solo no nos sacará de la crisis económica, sino que, por el contrario, la agudizará, al profundizar en las desigualdades, el conflicto social y la falta de alternativas para un número creciente de personas.

Un partido socialdemócrata debería tener esto claro: Su razón fundamental de ser pasa por construir un Estado que ofrezca cobertura social suficiente en el ámbito de la educación, la sanidad, la asistencia social, las pensiones, etc., a fin de que nadie quede excluido. La crisis económico-financiera puede explicar otras cosas, pero nunca ser la excusa del arrumbamiento del Estado social.

Y en esta tesitura, en un Estado descentralizado como lo es el español, el papel que han de jugar las Comunidades autónomas resulta clave, dado que a ellas les corresponde buena parte de la prestación de servicios sociales esenciales, particularmente, en el terreno de la sanidad y la educación.

De ahí que tampoco valgan las excusas para acometer, de una vez, la tan traída y llevada reforma constitucional de nuestro Estado autonómico, con el fin de convertirlo en lo que, en buena medida ya es: un Estado federal. Un Estado federal que, se llame o no así, precisa de reformas, con el fin de organizarlo mejor. Tales reformas, en sus aspectos fundamentales, podrían concretarse en las siguientes:

1.- Establecer en el texto constitucional un reparto competencial claro, que evite los solapamientos entre el Estado central y las Comunidades autónomas. Se trataría de incluir un listado de competencias exclusivas del Estado, respecto de las cuales a este le correspondiese o bien su normación y ejecución completa o bien solo su regulación normativa, dejando en manos de las Comunidades autónomas la ejecución y administración, así como la competencia normativa y ejecutiva completa respecto del resto de materias no atribuidas a la competencia del Estado. Habría que eliminar, por tanto, una técnica de reparto competencial que es fuente constante de conflictos: la legislación básica estatal-legislación autonómica de desarrollo. De igual modo, habría que poner fin a la eterna apertura del sistema competencial que hoy permiten normas tan perturbadoras como son las leyes orgánicas de transferencia y delegación del art. 150.2 CE.

2.- Convertir al Senado en una auténtica cámara de representación territorial, en la que las distintas voluntades autonómicas puedan participar en la formación de la voluntad del Estado global, en particular y de manera inexcusable, en la aprobación de aquellas leyes que tengan gran relevancia para las propias Comunidades autónomas. Ese Senado reformado debería estar integrado por representantes de los gobiernos autonómicos, de manera relativamente proporcional a la población de cada una de los territorios, correspondiendo un mínimo de tres representantes (votos) a cada Comunidad autónoma (a su gobierno), sumando uno más por cada millón de habitantes, hasta un máximo de siete. La razón de por qué han de ser los gobiernos autonómicos los representados en el Senado reformado deriva del hecho de que nadie mejor que estos es capaz de expresar la voluntad autonómica, al corresponderles a ellos la responsabilidad máxima de la dirección política de la Comunidad autónoma respectiva.

3.- Un sistema de financiación adecuado, que permita a cada una de las partes (Estado central y Comunidades autónomas) disponer de los recursos suficientes para el cumplimiento de las tareas que tienen encomendadas, en el que la práctica de la solidaridad interterritorial tenga como límite básico el respeto al principio de ordinalidad. Un sistema de financiación que debe de articularse, además, en torno a un principio básico: el de la corresponsabilidad fiscal, de modo que, en lo posible, tanto el Estado central como las CCAA sean responsables de la obtención, vía tributaria, fundamentalmente, de sus propios ingresos, pues solo así podrán valorar adecuadamente a qué dedicarlos.

Habría otra cuestión importante que abordar en esa reforma constitucional, cual es la que tiene que ver con la necesidad de ofrecer una vía jurídica bien pautada que nos permita dar respuesta a las eventuales demandas secesionistas que, eventualmente, lleguen a plantearse por parte de algún territorio.

No podemos ignorar que hoy en día nos encontramos ante un serio desafío a la unidad del Estado, proveniente, fundamentalmente, del nacionalismo independentista catalán. Más allá de la opinión que nos merezca el mismo, lo cierto es que el ordenamiento jurídico-constitucional actual ofrece únicamente la vía de la propia reforma constitucional para permitir, dentro del respeto a la legalidad vigente, que aquel pudiera llevar a cabo su pretensión. Y ello con independencia de que el disputado referéndum o consulta popular  sobre el eufemísticamente llamada “derecho a decidir” pudiese o no celebrarse de acuerdo con la normativa actual. Conviene no generar expectativas cuya realización, si es que no se quiere violentar el ordenamiento constitucional vigente, exigen, precisamente, una reforma de este. Constituye, por eso, una exigencia inexcusable del principio democrático articular mecanismos jurídicos que permitan hacer realidad la voluntad mayoritaria e inequívocamente manifestada por una parte bien identificada del territorio del Estado de separarse de este, con independencia -se insiste- de la opinión que ello nos merezca. Una reforma en sentido federal de nuestra Constitución no debería ignorar esta crucial cuestión. Se trataría, en definitiva, de permitir, a través de esa modificación constitucional, que la eventual voluntad a favor de la independencia, expresada de forma inequívocamente mayoritaria por la población de una parte del territorio del Estado, encuentre un cauce jurídico ordenado para su expresión y, dado el caso, realización

Europa

El modelo social europeo ha dejado de ser un asunto exclusivo de Europa. El creciente protagonismo de nuevas economías en un mundo cada vez más abierto e interrelacionado, cuyo centro de gravedad económica se desplaza hacia Asia, y en el que las relaciones Sur-Sur son cada vez más importantes, obliga a repensar el proyecto europeo y el modelo social al que aspira Europa en el siglo XXI.

Según datos de la OIT (2011) la fuerza laboral mundial ha pasado de 1.500 a 3.100 millones de trabajadores en 25 años, lo que ha favorecido una significativa reducción de la pobreza, principalmente en países de rentas medias. Pero el 80% de esa fuerza laboral tiene una seguridad social residual o carece por completo de ella; cerca de un tercio no tiene acceso a ningún tipo de servicio sanitario o de salud; un 74% no tiene un plan de pensiones; y solo un 20% de los mayores de 65 años recibe una pensión (7% en las economías mas pobres).

La respuesta europea a estos retos ha sido la de “adaptarse a los requerimientos de la globalización”. Desde los años 80 el debate “Eurosclerosis versus dinamismo americano” –sustituido ahora por el de “Eurosclerosis versus dinamismo Asiático”- ha inspirado las grandes reformas económicas en la Unión Europea (UE), de clara inclinación neo-liberal. Aunque China sustituye a EEUU como referente económico, la idea de una Europa esclerotizada por un sistema laboral y social demasiado rígido y generoso continúa siendo hegemónica.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha planteado una serie de medidas encaminadas a impulsar una globalización más equitativa: Pacto Mundial por el Empleo, Agenda de Empleo Digno y Agenda de Gasto o Suelo Social Mínimo.  Lo que hay detrás de estas propuestas es la necesidad de vincular crecimiento y redistribución a través de una mejora sustancial de las condiciones de empleo y el respeto a derechos laborales y sociales, fundamentales.

Es un intento de construir una especie de Estado del Bienestar Global de clara inspiración europea. Por eso llama la atención la falta de determinación de la UE en la defensa de estas tres estrategias y el esfuerzo que desarrolla internacionalmente por supeditarlas a los requerimientos de un mercado global. La UE parece no creer que el modelo social europeo sea una opción global, lo que hace muy difícil una política estratégica para vincular la dimensión social y exterior de la UE.

Una UE con una sola voz en las organizaciones de gobernanza global, defendiendo un modelo de globalización mas integrador y redistributivo, necesitaría de una estructura institucional claramente federal que podría desembocar en “un Súper-Estado o un Estado Nacional Europeo” (Morgan 2005), un “Sistema Post-nacional sin Estado” (Post-national stateless system), en la línea de Habermas (2012), o en la Cosmopolitan Europe de Beck (2007).

Posiblemente, el proceso pasará por estas tres formas de organización federal (Súper-Estado, Estado Post-nacional y Estado Cosmopolita), pero difícilmente evolucionará si el liberalismo y nacionalismo imperantes se siguen imponiendo. Hace falta una transformación de los Estados miembros para cambiar radicalmente la estructura institucional europea actual. El Consejo debe desaparecer, el Parlamento debe asumir sus capacidades legislativas plenas, y una Comisión elegida democráticamente debe asumir la responsabilidad ejecutiva. Un verdadero Estado Federal que avance hacia su plenitud cosmopolita en un plazo razonable.

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