Educación y sanidad públicas, de calidad, universales y gratuitas

Educación y sanidad constituyen, por distintas razones, dos ámbitos esenciales para el desarrollo humano, de modo que la determinación de los modelos de prestación de estos servicios para la ciudadanía resulta determinante para el modelo social de un país. Ambas actividades, además, constituyen tradicionalmente dos de los campos de debate más intensos sobre el papel del sector público y del privado, sobre su eficiencia y equidad, puesto que no en vano movilizan cuantiosos recursos y afectan a millones de personas. Es comprensible, en consecuencia, la agresiva actuación que está teniendo la acción de gobierno del Partido Popular en nuestro país en ambas materias, conocedor de su trascendencia, y por ello cabe exigir a la izquierda en general y a la socialdemocracia en particular una definición de sus planteamientos igualmente nítida y reconocible.

En este sentido, una sanidad pública, de calidad, universal y de acceso gratuito constituye una reivindicación imprescindible para que nuestra sociedad pueda recuperar la equidad y solidaridad en este pilar esencial de nuestro ya lesionado Estado de Bienestar.

La Ley general de sanidad de 1986 era un referente para consolidar y mejorar un sistema sanitario basado en la prevención y la promoción de la salud, bajo estos principios mencionados. Ello a través de una gestión pública, como única garante de igualdad en la atención sanitaria, independientemente de la capacidad económica o condición social de los ciudadanos. La modificación de la Ley y los constantes ataques al sistema sanitario nos han llevado a un retroceso en el acceso a la salud que debe ser corregido con celeridad por las graves consecuencias que ya ha tenido, especialmente, en las Comunidades autónomas que han liderado un cambio de modelo basado en la rentabilidad económica.

Hoy, el acceso igualitario a los servicios para la salud está anulado en unos casos y en grave riesgo en otros. En la cobertura territorial, en todos los niveles de atención y en el acceso a todas las terapias. Las garantías de estos derechos indiscutibles de cada ciudadano son base de una sociedad justa y cohesionada socialmente.

La necesaria reflexión sobre las garantías para la sostenibilidad financiera de la sanidad pública no pasa por la inclusión de empresas en el sistema para gestionarlo. Por su propia definición, su objetivo es sacar una rentabilidad económica, que dificulta la posibilidad de universalidad, gratuidad, calidad e igualdad. Si una empresa obtiene beneficio de la atención sanitaria manteniendo la misma calidad en la prestación del servicio, el Gobierno debiera asumir su mala gestión y optimizar ésta en vez de cederla a un agente externo. La atención a la salud requiere de cuantiosos recursos, y para garantizar los criterios exigibles  de calidad, el eje de la actuación sólo puede ser el técnico-científico y no el económico. Si la optimización de beneficios económicos se convierte en el eje de la gestión sanitaria, desaparece la posibilidad de optimizar los elementos técnico-científicos.

A pesar de los tópicos y falacias vertidos contra la supuestamente costosa sanidad pública frente a la privada, ningún gobierno que ha propuesto y puesto en marcha el cambio de gestión pública por la gestión privada ha podido documentar un ahorro real  con el nuevo modelo. Y mucho menos la obtención de mejores resultados de este modelo privado frente al público. La evidencia científica señala lo contrario, y algunos estudios que han analizado la calidad de la atención hospitalaria, comparando la mortalidad (estandarizada por diagnóstico y características del paciente) en los hospitales privados con y sin afán de lucro, revelan en sus  resultados que la mortalidad es mayor en los hospitales con afán de lucro (P.J. DEVEREAUX, 2004).

Por lo que se refiere a la educación, debe ser pública, gratuita y laica, pues es la forma de cumplir las aspiraciones sociales mayoritarias de lograr un sistema educativo en igualdad de oportunidades, cuya finalidad sea un país más equitativo, con mayores cotas de bienestar, y con una ciudadanía responsable. Un sistema educativo público es un sistema que se hace responsable de la diversidad del alumnado, que es capaz de tomarlo en su nivel de desarrollo y promoverlo tan lejos como quieran esas personas. Por ello resultan inaceptables los procesos que argumentan una mejora de la calidad cerrando puertas a parte del alumnado y desentendiéndose de su diversidad por no alcanzar unos estándares arbitrarios. La gran incertidumbre social en la que vivimos requiere de un sistema educativo que facilite que se entre y salga de él en distintos momentos de la vida, y no un sistema al que se añaden obstáculos, como las reválidas.

Es preciso rechazar categóricamente los sistemas que, mediante procedimientos más o menos directos, buscan segregar al alumnado por origen socioeconómico, pues esto erosiona la construcción de la ciudadanía democrática. La educación concertada tal y como se ha desarrollado en nuestro país es un ejemplo de este problema, pues deja a la pública en muchos barrios como subsidiaria y encargada de atender al alumnado con más necesidades, de orígenes sociales más populares y de mayor diversidad étnica. En este sentido, es preciso eliminar toda subvención a la educación privada, bien sea mediante desgravaciones fiscales o cualquier otro tipo de ayuda, que resultan especialmente dolosas en un momento en que se están recortando los fondos destinados a la educación pública.

Por otro lado, la escuela debe ser laica, como única vía para lograr un espacio de encuentro entre los fieles de las diferentes religiones y los no creyentes. De otra forma, se fomenta la segregación por creencias, que llevará a un país de comunidades estancas, que conviven en espacios anejos pero sin compartir un proyecto común. La sensibilidad religiosa de las familias no puede ser motivo para privar a los menores del contacto con otras formas democráticas de entender la diversidad de valores de la sociedad en la que viven.

El origen socioeconómico sigue mostrándose como un factor muy asociado al rendimiento educativo, tal y como prueban estudios internacionales como PISA. Aunque nuestro país destaca en el contexto internacional por su equidad, gracias a que el alumnado de orígenes populares logra mejores resultados que el de los países de nuestro entorno, queda mucho por mejorar. Por un lado, son necesarias políticas de tipo didáctico que acerquen el currículum a la realidad de las vivencias del alumnado, promoviendo su interés por el estudio, en vez de mostrar el conocimiento desde un punto de vista academicista, desvinculado de sus intereses. Por otro, son necesarias políticas con recursos, con más medios de apoyo y con becas. Por ello, las políticas de recortes en educación son dañinas tanto para la equidad como para la eficiencia. Desde el punto de vista de la equidad, un profesor con 30 estudiantes de buen nivel académico no será un problema, pero con 25 estudiantes que necesitan de especial atención, estaremos ante un grupo inmanejable. Por otro lado, estos recortes repercutirán en población menos formada, lo que se notará a largo plazo en el conjunto de nuestra economía.

En definitiva, es preciso recuperar los aspectos de equidad y solidaridad en los servicios de la salud y la educación, que no se pueden gestionar como una empresa, movida por el beneficio a corto plazo. Ello no quita que sea necesario un análisis de sus costes y de cómo financiarlos, para lograr un sistema más eficiente, pero bajo el prisma de la universalidad y la gratuidad como garantes de la igualdad de toda la ciudadanía. Y esto solo es posible si son los poderes públicos los que organizan y gestionan de forma directa la salud y la educación.

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