¿Borrón y cuenta nueva, Sr. Rajoy? En absoluto.

La intervención del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy en la primera jornada del Debate del Estado de la Nación en el Congreso ha buscado transmitir tres ideas centrales: la primera, la ya manida culpabilización al gobierno anterior, la reiterada “herencia recibida”; la segunda, una defensa de las medidas adoptadas revistiéndolas de inevitabilidad (“he hecho lo que tenía que hacer, aunque no me gustara”), unida a un mensaje de que lo peor ha pasado, y que se empiezan a ver datos esperanzadores (“estamos sacando la cabeza del agua”, ha dicho); y la tercera y más novedosa, el inicio de una nueva etapa en la que, superada, gracias a la bondad de sus acción de gobierno, esta fase crítica, va a abordar otro tipo de medidas más acordes con su programa (ese que ha incumplido hasta ahora con absoluto desparpajo) y menos lesivas para los ciudadanos. “Borrón y cuenta nueva”, ha venido a decir.

Un Presidente sin credibilidad

El discurso que llevaba preparado estaba mejor trabado que en ocasiones anteriores, y el tono del Presidente también ha sonado más firme. Pero no ha colado. Nada de lo que ha dicho realmente ha tenido trascendencia ni para explicar lo sucedido hasta ahora ni mucho menos para conformar expectativas razonables de lo que va a venir. Sencillamente porque este Presidente y su Gobierno no tienen ninguna credibilidad.

Porque lleva catorce meses aprobando medidas muy dañinas para la economía y para el estado de bienestar presentes y futuros, aplicando un programa de máximos que está haciendo el día a día insoportable a millones de ciudadanos, y todo ello de manera unilateral, despreciando todo diálogo. Porque lo que sale de su boca solo puede creerse ya en un acto de fe, haciendo abstracción de todos los incumplimientos y mentiras de los últimos catorce meses, y eso es mucho tiempo y mucha mentira. Porque cuando habla de mejorar la justicia, las cámaras enfocan al Ministro Gallardón, y todos piensan en la brutal e innecesaria subida de tasas, que ha puesto en pie de guerra a todo el mundo, jueces y ciudadanos; porque cuando habla de educación, sale la cara sonriente del Ministro Wert, y todo el mundo piensa en la reforma educativa que está promoviendo, excluyente y disgregadora, y en sus formas, que son las de este gobierno, soberbio, retador, displicente desde su mayoría absolutísima. Porque cuando menciona la reforma laboral (utilizando datos parciales o sesgados hasta el ridículo), aparece la cara de la Ministra Báñez, y no podemos por menos que pensar qué habrá hecho esta mujer para que la Virgen del Rocío desoiga de esta manera tan fehaciente su petición para que los datos de empleo mejoren, al borde ya de los 6 millones de desempleados como estamos. Porque cuando refiere los supuestos buenos resultados en materia de lucha contra el fraude fiscal, las cámaras enfocan al Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y es imposible no acordarse de la vergonzosa amnistía fiscal aprobada, que ha servido para que defraudadores de postín blanqueen el dinero que han estado años hurtando a los españoles y conseguido a través de turbios negocios en muchos casos, algunos de ellos destacados representantes del propio Partido Popular. Porque cuando el Presidente ha dicho “me preocupa la imagen de España”, muchos hemos rememorado la imborrable imagen de ese mismo Presidente hace días en una pantalla de plasma, escondido entre sus fieles en la habitación de al lado de una rueda de prensa fantasma para no dar la cara ante los periodistas, probablemente en el momento más grave para España de los últimos treinta años; una imagen que dio la vuelta al mundo para sonrojo de cualquiera con un mínimo de decoro. Y porque cuando ha abordado el tema de la corrupción, proponiendo una batería de medidas que en circunstancias normales deberían servir como inicio de una negociación sincera entre los partidos políticos representados en el Parlamento, aparece en imagen la todavía Ministra Ana Mato aplaudiendo, a pesar de encontrarse salpicada de forma innegable en el escándalo de corrupción de la trama Gürtel, en una situación que en cualquier país avanzado hubiera supuesto su fulminante destitución.

No hay discurso ni propósito de enmienda que pueda hacer olvidar todo eso. La ciudadanía no está pidiendo un acto de contrición, sino reversión de las medidas adoptadas y limpieza inmediata de los comportamientos que muestran (según policía y fiscalía) indicios más que evidentes de corrupción en el seno del PP. Y que deje paso a otros dirigentes.

Comentarios sobre algunas materias concretas: reducción del déficit, empleo, nuevas reformas, corrupción.

Reducción del déficit público: la débil clave de un cambio de discurso . El Presidente ha situado como pieza clave de su discurso económico (y realmente de todo el mismo) la cifra de déficit público alcanzada en 2012, que ha dicho que ha sido “inferior al 7%”. Eso supone una reducción de unos 2,5 puntos de PIB, aunque es de suponer que ahí no se computan las ayudas a la banca. A partir de ese dato, ha pretendido avalar la bonanza de su política, en la medida en que habría permitido situar el déficit en unos registros asumibles bajo el prisma de la Comisión Europea (el objetivo impuesto era del 6,3%), lo que posibilitaría pasar a una nueva fase de reformas menos drásticas y acompasar el ajuste con medidas de relanzamiento.

Pero ese dato, de confirmarse, no avala en absoluto lo realizado. Porque lo abordado por el Gobierno de Mariano Rajoy no ha sido una estrategia de ajuste coherente con la situación de depresión económica en la que está inmersa España. No ha sido, como pretende el Presidente, una política de austeridad severa, lo que sería asumible; ha sido una poda indiscriminada e irracional de gastos e inversiones, que en muchas ocasiones simplemente ha pretendido encubrir el desmantelamiento premeditado e interesado de los servicios públicos y universales, la reducción de la dimensión del sector público y el recorte de las prestaciones sociales. Todo ello acompañado de una fuerte y descoordinada subida de impuestos.

Lo que ha hecho este año el Gobierno Popular no se justifica con la necesidad de reducir el déficit, sino con la voluntad de cambiar el modelo social de nuestro país, acometiendo la reducción de derechos que nada tienen que ver con la reducción de los desequilibrios financieros públicos. Había (y hay) alternativas, más eficientes y más razonables que las aplicadas por este Gobierno para embridar el déficit, pero sencillamente no eran las que quería, las que necesitaba para modificar los sistemas institucionales básicos de nuestro país.

El objetivo era la reforma laboral, no crear empleo. En materia de empleo el discurso del Presidente ha sido descorazonador. De un lado, por su defensa de la reforma laboral, de la que ha llegado a decir que gracias a ella “se ha logrado atenuar la destrucción de empleo”, utilizando de forma sesgada el dato de elasticidad del empleo respecto del PIB únicamente en el sector privado de 2012 respecto de 2011, y ocultando con ello la evolución del empleo en el sector público, también afectado por las medidas de la reforma laboral, así como una multitud de indicadores que ilustran en sentido contrario. Lo cierto es que en 2012 se ha acelerado la destrucción de empleo (cae a un ritmo del 4,8%, el más elevado desde 2009, cuando hace un año lo hacía al 3,3%), y, en todo caso, realizar ese tipo de afirmaciones cuando se han perdido 850.000 empleos y el desempleo ha crecido en casi 700.000 personas da idea del escaso sentido de la realidad del Sr. Rajoy. Como ridículo es invocar en este contexto de cuantiosa destrucción de empleo y paro masivo el hecho de que se hayan realizado 70.000 contratos de los mal llamados de apoyo a emprendedores, un contrato con despido libre y gratuito durante un año, que lo único que ha aportado a nuestro mercado laboral ha sido más precariedad.

Esta es la apuesta del Sr. Rajoy en materia de empleo: más precariedad. Las medidas concretas más reseñables en esta materia han sido bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para los contratos a tiempo parcial a los menores de 30 años, permitir a las ETTs que realicen contratos de formación y aprendizaje e introducir un nuevo contrato temporal para el primer empleo de los jóvenes. Otro contrato temporal, a modo de contrato de inserción laboral, que es por otro lado lo que vienen haciendo las empresas desde hace años en fraude de ley: utilizar los contratos temporales como contratos de inserción y bajo coste para todo el mundo, en especial para los jóvenes. A falta de conocer los detalles de este contrato, y dados los precedentes, el grado de precariedad que puede aportar a nuestro de por sí segmentado y precarizado mercado laboral puede ser definitivo.

Y eso es todo. Para el Presidente, 6 millones de personas sin empleo no merecen ningún Plan de choque, ninguna estrategia global para el medio plazo, nada para los parados de larga duración. Nada de nada. La evidencia, en definitiva, de que, una vez impuesta la pérdida de derechos de los trabajadores y el abaratamiento del despido con la reforma laboral y otorgado el poder decisorio en la negociación colectiva a los empresarios, para el Gobierno del PP la faena en materia de empleo ya está terminada.

¿Nuevas reformas? Pocas, pobres o ya anunciadas (e incumplidas). En coherencia con su pretensión de pasar página, el Presidente ha referido algunas propuestas de medidas concretas en distintos ámbitos, intentando trasladarlas como un cuerpo unitario que compone conjuntamente una “segunda generación de reformas”, una vez superada la primera, más traumática, en este año. Sin embargo, las medidas que ha planteado ni son en muchos casos nuevas, ni tienen entidad para configurar una estrategia de reformas reseñable. Ya no es que no haya nada de calado en materia de empleo, lo que bastaría para invalidar este supuesto nuevo impulso reformador; es que la mayoría de las actuaciones no pasan de ser inconcreciones o medidas de escasa relevancia, como buena parte de las que se dedican a incentivar a los llamados ahora “emprendedores” (sin eufemismos, nuevos empresarios) o algunas de las medidas fiscales apuntadas.

Por supuesto, no hay implícito ningún cambio de política, no hay cambio de paso, del ajuste a la reactivación. Hay cambio interesado de discurso, adornado con un conjunto de propuestas de compromiso. Quizá la cifra más llamativa con la que el Presidente quiso enfatizar el supuesto nuevo impulso a la actividad son los 45.000 millones de euros que, según sus cálculos, supondrán el conjunto de medidas que se podrán en marcha para facilitar la financiación de las pymes. Pero ni está claro que se terminen aprobando, ni que su importe vaya a ser ese, ni que esa disposición de fondos potenciales se traduzca después de una inyección real de financiación a las empresas de nuestro país. Gráficamente se puede decir que en absoluto esa cantidad de fondos será igual que los 60.000 millones que han pasado directamente a sanear los balances de las entidades financieras. Lo que allí han sido ayudas directas, para las pymes se convierte en un desiderátum de dudosa efectividad, vistas experiencias similares anteriores (la mitad de esos 45.000 millones corresponde a la ampliación de líneas ICO, hasta ahora poco eficaces).

Además, algunas de estas medidas ya han sido repetidamente anunciadas por el Gobierno y siguen inéditas. Así sucede con la modificación anunciada para que los autónomos y pymes no ingresen el IVA hasta que no cobren la factura, que ya anunció a bombo y platillo el Presidente en su discurso de investidura hace más de un año; o con las bonificaciones para la contratación de jóvenes menores de 30 años, también avanzadas entonces y recuperadas ahora sólo para los contratos a tiempo parcial y menos generosidad.

Medidas contra la corrupción y por la transparencia: bien, pero inhabilitadas por el propio Mariano Rajoy. Las propuestas del Presidente para luchar contra la corrupción fueron probablemente las más reseñables de todo su discurso. Sabía que este era uno de los puntos clave por el que sería escrutado, e hizo los deberes. Aunque en algunos casos suponen reformas legales aún sin definir, la música de lo que contó sonó, con sus matices, bien. El problema es que también se vio de forma muy nítida que no había sinceridad en estas propuestas del Sr. Rajoy, sino interés y necesidad de desviar la atención sobre los escándalos que corroen su Partido. Como bien señaló y le reprobó Alfredo Pérez Rubalcaba, fue sintomático que esta fue la única materia en la que el Presidente ofreció diálogo y negociación para alcanzar un pacto a todas las fuerzas parlamentarias. En ningún tema como en este el Sr. Rajoy querría que la ciudadanía visualizara un cambio de escenario, pasar página, mejor si es avalado por un pacto con otros partidos, y mejor si es con el principal partido de la oposición.

El problema para el Presidente es que esto ya es imposible. Porque sus actuaciones no avalan sus palabras, porque lleva meses tomando por idiotas a los ciudadanos, y porque cada día que pasa y cada dato nuevo que se conoce sobre las tramas de corrupción hace sus situación más insostenible. No es solo la continuidad en el Gobierno de la Sra. Mato; es que la ciudadanía sabe que si el Sr. Bárcenas, el innombrable para Mariano Rajoy, se permite insultarles con una infame “peineta”, es porque se siente avalado por un Partido que le ha mantenido en nómina hasta hace dos días y cuyo hecho se ha pretendido ocultar con todo tipo de mentiras.

Por eso el PSOE no debe entrar a este trapo, y debe mantenerse firme en la crítica a la actuación impresentable del Presidente y su Partido en esta cuestión, y promover la regeneración ética y política del país desde su propio impulso, buscando todos los consensos posibles, excepto con quien ha demostrado sobradamente que no tiene ni voluntad ni credibilidad para hacerlo, con quien, en acertada expresión del líder del PSOE, ha añadido a la crisis económica de nuestro país una “crisis moral”.

En definitiva, el Sr. Rajoy debe entender que solo hay una manera de que la ciudadanía asuma que hemos pasado una etapa y que ahora iniciamos otra con más ilusión y ánimos renovados: que depure inmediatamente todas las responsabilidades políticas y éticas de su Gobierno en los casos de corrupción que les acorralan, lo que debe traducirse en ceses; que revierta todas las dañinas actuaciones que ha llevado a cabo en estos lastimosos catorce meses de desmantelamiento de nuestros sistema laboral, educativo, sanitario y judicial; que cambie su política económica para poner verdaderamente en el centro el empleo; y que él mismo dimita, porque ha perdido toda credibilidad y toda autoridad moral para dirigir este país. Es el único camino para que la ciudadanía diga “borrón y cuenta nueva”.

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