La ley de Tasas: Un nuevo recorte de los derechos esenciales de la ciudadanía.

Uno de los Derechos Fundamentales esencial en un Estado Democrático de Derecho es el denominado Derecho a la Tutela Judicial efectiva, es decir, el derecho a poder acudir a los Tribunales de justicia a defender cualquier derecho o interés legítimo cuando consideremos que ha sido vulnerado y ello frente a cualquier otra persona o incluso, cualquier Administración pública. Porque de nada serviría que los distintos cuerpos legales contuvieran la proclamación de formales listas de derechos, si luego no pudiéramos reclamar o exigir  ante un juez su aplicación.

El ejercicio del Derecho a la tutela judicial efectiva está íntimamente relacionado con otros derechos o principios básicos como es el principio de igualdad ante la ley que exige eliminar las discriminaciones en el ámbito sociológico, prohibiendo toda distinción basada en aspectos subjetivos de las personas por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Consecuentemente con lo anterior y como cualquier constitución que se precie, nuestra Constitución en el artículo 24 proclama el derecho a la Tutela Judicial efectiva y consagra el principio de igualdad en el artículo 14, que es el primero de los relacionados en la parte de la misma dirigida a reconocer los derechos y libertades de la ciudadanía, queriendo significar que es el previo y determinante para la existencia o reconocimiento del resto.

La Ley 25/1986, de 24 de diciembre, suprimió las Tasas Judiciales, tal y como se declara en su Exposición de Motivos, porque que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, “como quiere la Constitución”, “depende de que todos los ciudadanos puedan obtener justicia cualquiera que sea su situación económica o su posición social”.

Pues bien, parece que este mandato constitucional ha sido olvidado por el Gobierno del PP, que ha promulgado la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la que se establece la obligatoriedad de pagar las cantidades establecidas en la misma para presentar demandas, recursos y demás solicitudes judiciales descritas en la ley.

El pago de dichas cantidades supone un importante impacto económico para los ciudadanos y ciudadanas que, no pudiendo acogerse al beneficio de Justicia Gratuita, se vean en la necesidad de acudir a los Juzgados y Tribunales de Justicia a ejercer sus derechos e intereses legítimos, hasta el punto de que buena parte de la ciudadanía, precisamente por esa razón, por la cuantía del importe de la tasa a pagar, que en ocasiones será igual o superior a lo que se reclama, no van a poder ir a los Tribunales en demanda de Justicia.

Jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, peritos, asociaciones de consumidores…… todos, salvo el PP, rechazan la Ley de tasas judiciales: “la entrada en vigor de la Ley de Tasas va a producir unos efectos disuasorios entre los consumidores y va a crear unas barreras que impedirá el acceso a la Justicia a la mayoría de la población. Estas tasas tienen un carácter excluyente, injusto, aberrante, desorbitado e inconstitucional; van a crear una Justicia para ricos y otra para pobres. Con esta Ley pretenden que los ciudadanos compremos el derecho fundamental de acceso a la Justicia que ya es nuestro” (Consejo General de la Abogacía Española); “las cuantías económicas son desproporcionadas por exceso y por tanto inconstitucionales ya que afectan, sobre todo a clases medias y consumidores que ganen más de 1500 euros brutos al mes, por lo que impiden el derecho a la tutela judicial a muchos ciudadanos y esperamos que los jueces planteen cuestión de inconstitucionalidad” (Angel Dolado, Juez Decano de Zaragoza).

De lo anterior se deduce fácilmente que no nos encontramos ante una lucha endogámica, de defensa de los intereses específicos de los profesionales del derecho, sino ante un nuevo recorte de los derechos básicos de la ciudadanía como en el caso de la educación, la sanidad o los servicios sociales. El problema es que no es perceptible para los ciudadanos y ciudadanas hasta que no tengan necesidad de defender algún derecho suyo en los Tribunales.

Hasta que se resuelvan  los diversos recursos de inconstitucionalidad que se han planteado contra la Ley de Tasas,  esa unanimidad en el rechazo por parte de todos los operadores jurídicos debe o debería  servir: en primer lugar, como plantea el Juez Decano de Zaragoza, para que se planteen por parte de los Jueces y Magistrados, las oportunas cuestiones de inconstitucionalidad de forma masiva, tal y como se plantearon, en su día, contra la Ley Integral contra la Violencia de Género, contra la que se interpusieron más de 160 cuestiones de inconstitucionalidad. Más que contra todas las leyes promulgadas en la historia de nuestra democracia juntas.

Y en segundo lugar, para el ejercicio masivo también de la objeción de conciencia por parte de los profesionales que tienen que aplicar la ley, de modo también similar a como se ha producido en la aplicación de otras normativas como por ejemplo, en lo que se refiere al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en concreto, la interrupción voluntaria del embarazo, respecto a la cual esa objeción de conciencia llego a afectar a territorios enteros como la Comunidad de Navarra en la que no se practicaba ni un solo aborto y las mujeres navarras tenían que desplazarse a las Comunidades colindantes.

Pero la Ley de Tasas no solamente es discriminatoria por motivos económicos, sino también por razón de sexo. No debe olvidarse que las mujeres, en términos generales, tienen menor capacidad económica que los hombres por lo que la Ley tiene un importante impacto de género, por más que el Informe de Impacto de género que acompaña a la Ley, indique  que éste no se produce.

España se encuentra entre los países europeos con las tasas de empleo de mujeres más bajas; donde el 70% de las personas que desarrollan su jornada de trabajo a tiempo parcial son mujeres y donde el salario promedio anual femenino supuso el 77,5% del masculino. Además muchas mujeres se encuentran fuera del mercado de trabajo y dependen económicamente de su pareja.

Esta desigualdad económica de partida entre hombres y mujeres se va a poner de manifiesto muy especialmente en los procesos de familia, en los que, hasta ahora,  las mujeres eran las que presentaban mayoritariamente demanda de separación y divorcio (de los 56.846 procesos contenciosos de separación y divorcio habidos en el año 2011, el 64% de las demandas fueron presentados por mujeres). Y en la práctica totalidad de los casos se plantean peticiones económicas que exceden de alimentos para hijos e hijas menores,  por lo que no les alcanzaría la exención establecida en la Ley, perjudicando de forma notable e injusta su derecho a la tutela judicial efectiva, situación especialmente dramática en los supuestos de violencia de género en los que no sólo se resuelven las cuestiones penales derivadas del maltrato, sino también las civiles como uso de la vivienda familiar, pensiones compensatorias, levantamiento de cargas familiares, pagos de cuotas de préstamos hipotecarios…..

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