Lecciones tributarias de la crisis: hay vida

Las drásticas medidas presupuestarias que está adoptando el gobierno del Partido Popular han generado un notable debate público. Sin duda, los ciudadanos son conscientes de que políticamente se está dirimiendo algo más que la forma de salir de la crisis, que es la conformación de las bases y capacidades de nuestro modelo de desarrollo económico y de bienestar social para los próximos treinta años. Y en este escenario, los impuestos han cobrado importancia desde el primer momento. Ya en su segundo Consejo de Ministros, el Gobierno abordó un paquete de medidas para elevar la recaudación, entre las que sobresalían el aumento de tipos en el IRPF (para rentas del trabajo y del capital) y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Con ello, incumplía uno de sus compromisos electorales básicos (no subir impuestos), algo que después ha convertido en una práctica habitual; pero es ese es otro tema.

Desde entonces se han adoptado otras iniciativas tributarias muy relevantes, como la reducción de deducciones en el Impuesto sobre Sociedades, un aumento de tasas y del impuesto sobre el tabaco, o una sangrante amnistía fiscal previo peaje de una mínima contribución (del 8-10%). Y hace unos días el Ministro de Economía nos anunciaba, con una retórica vergonzante, que en 2013 subirán el IVA (otro compromiso roto) y quizá rebajen las cotizaciones sociales.

El objeto de estas notas no es analizar estas actuaciones, sino señalar tres conclusiones que se pueden extraer tanto de la adopción de esas medidas tributarias en nuestro país como de las propuestas que se están realizando en algunos países de nuestro entorno, y que pueden servir para centrar el debate sobre la política tributaria, desnudando algunos tabúes que han marcado trágicamente la práctica política en esta materia en los últimos veinte años, con gobiernos de distinto signo político.

La primera constatación es que las necesidades financieras derivadas de la crisis han reabierto bruscamente el campo de maniobra de la política fiscal, de modo que muchas actuaciones que hasta ahora se nos presentaban vedadas, resulta que no solo son posibles, sino que se han tornado urgentes. No se podía (nos decían) elevar los tipos marginales del IRPF, porque desincentivaría el trabajo y se podían alcanzar niveles incluso considerados confiscatorios; ahora se ha subido el tipo máximo siete puntos, hasta el 52%. No se podía elevar la tributación de las rentas del capital, porque al ser un factor completamente móvil, huiría para tributar en otros países con fiscalidad más favorable; y se ha elevado el tipo máximo 6 puntos, hasta el 27%. No se podían reducir las deducciones del Impuesto sobre Sociedades (aumentando en consecuencia el tipo efectivo pagado), porque además de desincentivar la actividad, provocaría deslocalizaciones en masa; y se han eliminado o limitado severamente varias, dos de ellas muy importantes, como son la de gastos financieros y la libertad de amortización. No se podía establecer un impuesto sobre las transacciones financieras, por la misma razón de volatilidad del capital; hoy, con distintas concreciones, es una propuesta firme en muchos países de la eurozona y en la propia Comisión. No se podía mantener un impuesto sobre el patrimonio o la riqueza, porque suponía gravar dos veces la misma renta y castigaba a los inversores; pero el PSOE defiende ya con determinación una figura así, como sucede en Francia o EEUU. Hay, qué duda cabe, nuevas reglas de juego; mejor dicho, son las mismas, pero nos han devuelto las cartas que algunos se guardaban en la manga.

La segunda observación es que, cuando las circunstancias han requerido una mayor recaudación tributaria, lo que se ha hecho ha sido subir los impuestos, y no bajarlos. Aunque pueda parecer una obviedad para los más juiciosos, es algo destacable, porque durante mucho tiempo algunos economistas y políticos han defendido apasionadamente que para elevar los ingresos lo que había que hacer era bajar los impuestos, porque esto provocaría un aumento de las bases imponibles (más contribuyentes y más rentas declaradas) y consecuentemente una mayor recaudación. Pero cuando han venido mal dadas, resulta que todo el mundo ha abandonado a la carrera estas simplistas (y dañinas) tesis lafferianas y han pasado a defender y aplicar aumentos de tributación, como indica la racionalidad y la práctica económicas. Y el primero, el gobierno del PP, muchos de cuyos miembros (entre otros, el actual Ministro de Hacienda) han sido fervientes valedores del absurdo “reduce impuestos y recaudarás más”. Lo positivo de este cambio es que se recupera la sensatez económica en esta materia, esperemos que para siempre; lo penoso es que deja al descubierto que durante muchos años nos han vendido humo conscientemente.

La tercera reflexión es que la política fiscal y tributaria constituye un campo de juego de intereses de primer orden, y que las distintas opciones prácticas reflejan de forma muy visible ante los ciudadanos el modelo de desarrollo socioeconómico por el que apuesta un proyecto político. Durante años, gobiernos de uno y otro color han promovido un vaciamiento de las funciones recaudatorias y redistributivas de los impuestos, priorizando otros objetivos importantes pero tradicionalmente subordinados, como la neutralidad o la eficiencia económica. Los impuestos determinan quién y en qué medida contribuye al sostenimiento de los gastos públicos, lo que supone una de las expresiones más transparentes de la justicia social. Pues bien, uno de los errores básicos de la socialdemocracia en general y del PSOE en particular fue abandonar una visión de la fiscalidad progresista, que no renuncie a sus funciones redistributivas, y que sitúe la generalidad, la progresividad y la suficiencia recaudatoria como valores centrales. Mensajes como “bajar impuestos es de izquierdas” o “la redistribución debe hacerse vía gasto y no de impuestos” han sido muy nocivos y han contribuido a erosionar decisivamente la credibilidad del proyecto de izquierda que representa en nuestro país el Partido Socialista.

Las últimas propuestas del PSOE y las tendencias que se observan en Europa y EEUU están en la buena línea, pero apenas suponen el primer andamio de una construcción que está por definir y que urge, a la socialdemocracia y a la sociedad: un sistema tributario más potente, más eficiente y, sobre todo, más justo. Es posible.

Alberto del Pozo Sen
Economista, miembro de Economistas frente a la Crisis (www.economistasfrentealacrisis.com) y del colectivo Líneas Rojas (www.lineasrojas.org)

7 pensamientos en “Lecciones tributarias de la crisis: hay vida

  1. Alberto: al ver tu nombre me he asustado. Pensaba que oidías ser Alberto del Pozo Ortiz (cargo del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya, tanto en época PSC como ahora – “cosas veredes”-). Después de leer tu aportación, aún he ido a comprobar su segundo apellido. Un abrazo

  2. Ok, suscribo por completo el argumento de fondo del artículo. Por un ‘sistema tributario más potente, más eficiente y, sobre todo, más justo’. En norte y centro-europa llevan 1/2 siglo con él. Un matiz: convendria ir abandonado la idea errónea de referirse a la economía pública sólo como ‘gasto publico’. Paracería que el Estado se dedica sólo a gastar. Y no es el caso. Los impuestos no financian el gasto publico, los impuestos sin financian ..los servicios publicos: educación, sanidad, pensiones,etc.. Servicios que deben ser de calidad, eficientes, etc ..Nadie habla de los gastos de Inditex, Mercadona, Apple, etc..se habla del producto/servicio que ofrecen. Pues eso..

    • Hola antonio,
      Por supuesto, tienes razón en que la economía pública es un área de conocimiento mucho más amplio que el reperesentado por el gasto público, que es tan sólo una parte de la misma: Su ota cara son los ingresos, que es a la que quería referirme especialmente en este post, y en concreto a la que se instrumenta vía impuestos. Y el sector público también interviene en la actividad con la regulación de los diferentes mercados y conductas sociales, o con la aplicación de diferentes formas de gestión a los servicios que presta. Todo ello es relevante para entender y valorar la actuación y resultados del sector público. Pero los ingresos (sean obtenidos vía impuestos o no, y con particularidaes) sí financian el conjunto del gasto público, y no sólo lo que se conoce como prestaciones o servicios públicos y que tu señalas. También, por ejemplo, la construcción de infraestructuras viarias (ferrocarril, carreteras, aeropuertos, etc.), el material militar, la ayuda al desarrollo internacional, o el fomento de la investigación pública; por citar cuatro conceptos dispares. Es por eso que se suele hablar en sentido amplio de gasto público (que sí se financia con los ingresos, impuestos incluidos, y que conjuntamente conforman los presupuestos públicos) en lugar de servicios públicos, expresión que identifica más a las prestaciones directas del sector público a los ciudadanos, y que tu identificas perfectamente (sanidad, educación, etc.)
      En todo caso, estoy de acuerdo contigo en que debemos ser muy cuidadosos con el lenguaje, porque su utilización perversa es un arma muy potente, que es en gran medida culpable de que en los útimos treinta años la socialdemocracia haya asumido en su discurso económico (de forma bastante acrítica) conceptos que representan posiciones ideológicas típicamente liberales.
      Muchas gracias por tu aportación y un saludo

  3. En mi opinión, la aplicación de las políticas fiscales pro aumento o reducción de impuestos, dependen mucho de la coyuntura tanto temporal como económica.
    De entrada, me parece más justo socialmente el modelo aplicado en los países del norte de Europa, cuyos ciudadanos disfrutan de unas prestaciones sociales de calidad, sufragados mediante una fiscalidad muy elevada, frente al modelo liberal por antonomasia de los Estados Unidos, con una fiscalidad comparativamente mucho más reducida, pero con prestaciones sociales claramente injustas, llegando a la desprotección de cobertura médica de parte de su ciudadanía. Ahora bien, el modelo nórdico es aplicable en países con una alta renta per cápita, muy superior a la nuestra, que sigue dejando altos ingresos netos a las familias (después de impuestos), a pesar de su alta fiscalidad. Ese modelo es inabordable en España, con la relación precios/renta de que disponemos.
    Dicho esto, permíteme discrepar respecto a tu planteamiento. Yo sí creo que impuestos moderadamente bajos no sólo incentivan la economía, sino que a la larga aumentan la recaudación (por poner un ejemplo, si puedo comprarme un coche, pagaré impuestos vía combustibles, etc), y considero el cambio de discurso del actual gobierno exclusivamente coyuntural, y limitado en el tiempo, hasta salir de la difícil situación de caja que tiene (tenemos) el estado. Tema aparte es que las últimas subidas de impuestos solucionen el déficit a corto, a costa de frenar la economía, por lo que habrá que tomar medidas adicionales.
    En lo referente a la reciente amnistía fiscal, partiendo de que me parece injusto el trato de favor que supone a los defraudadores, entiendo que el dilema al que se ha enfrentado el nuevo gobierno es sopesar qué nos beneficia más en este momento, si hacer atractivo el aflorar dinero negro, mediante una regularización fiscal inmoralmente baja, (aumento de ingresos del estado y capital legal en circulación), o … nada, pues la inspección de la Agencia Tributaria llega hasta donde llega.

    • Muy interesante todo lo que dices, Rafa.
      Tienes razón en apuntar que la utilización de los impuestos como instrumento de política fiscal dependerá de las necesidades de cada momento. Pero esos cambios coyunturales no son contradictorios con la apuesta por un modelo fiscal o impositivo claro y estable en sus principios, que recaude lo suficiente y con justicia.
      Tu lo dices bien: ¿modelo “nórdico” (elevada presión fiscal y potente estado de bienestar) o modelo “anglosajón” (pocos impuestos y escasa protección social y servicios públicos)? Ahora mismo: presión fiscal de España (en porcentaje del PIB), 33%; de Reino Unido, 37%; de Suecia, 46%; media eurozona, 40%. Y consecuentemente, nuestro gasto social relativo (educación, salud, protección social) es también de los más bajos de la UE. ¿Entonces? Por otro lado, ten en cuenta que al ser los tipos impositivos unos porcentajes de la renta o del gasto, no es lo mismo lo que se quita en términos absolutos en Suecia o en España. Por eso sí serían aplicables modelos similares en ambos países, con independencia de sus notables diferencias en renta per cápita. Con muchos matices, claro.
      Sobre el efecto de una bajada de impuestos. Es evidente que al bajarlos, tu renta disponible aumenta, y puedes gastar más. Pero la experiencia muestra, en contra de lo que defienden algunos economistas liberales, que si se bajan los impuestos los ingresos suelen disminuir, porque el efecto expansivo (pagas más impuestos por lo nuevo que compras) es menor que la pérdida de recaudación directa provocada. Entre otras cosas, porque no toda la bajada de impuestos la gastas, sino que una parte la ahorras, y eso no aumenta el gasto ni la recaudación. Y más en una situación como la actual (la gente ahorraría casi todo) No es casualidad que cuando de verdad se necesitan más ingresos (como ahora) los gobiernos suban los impuestos y no los bajen Si se trata de aumentar la actividad, como ya explicó Keynes, es más efectivo dedicar 100 euros a gasto público que reducir los impuestos por una cuantía de 100 euros, por lo que decía arriba.
      Lo de la amnistía fiscal da para tratarlo aparte. Es muy injusta y contraproducente. En economía, la cuestión ética y de justicia no son menores, como en ningún orden de la vida. No todo vale. Como por mucho paro que haya, no es admisible apostar desde lo público por cualquier empleo (precario, ilegal, peligroso, insalubre,…). Y además, la amnistía será ineficaz, como lo han sido todas. Ya lo decía el PP cuando estaba en la oposición: http://www.youtube.com/watch?v=o_xGMi6VdF8
      Viva la coherencia! Gracias y un abrazo

  4. Me gustaria destacar dos errores muy comunes en cuanto a la valoración de los impuestos. En realidad son el mismo error: olvidar que los impuestos sirven para pagar algo: bienes o servicios, que de no hacerlo vía estado, habría que pagarlos de todos modos vía privada.
    El error: ‘Los impuestos nórdicos se lo pueden permitir porque tienen mayor renta per cápita. Falso. 1º El autor del post ya menciona que es un cuestión de importe relativo y no absoluto:no se trata de pagar la misma cantidad de impuestos, sino de pagar similares porcentajes de impuesto. Entonces si se puede trasladar su modelo. El 2º motivo por el que es falso ese razonamiento, es el comentado anteriormente, y es que los impuestos sirven para pagar algo, no son para pagar ‘nada’. Con ellos se pagan infraestructuras, educación, sanidad, etc.. bienes y servicios que de ‘todas todas’ habría que seguir pagando. Sólo que se pagarían vía privada, no vía publica. Salvo que se este sugiriendo que hay que dejar de hacer carreteras, dejar de estudiar, de curarse, etc..El 3º motivo de falsedad de ese razonamiento, es el siguiente: toda la evidencia científica económica (rama no liberal) indica que no es que los nórdicos tengan un estado del bienestar alto por tener un pib/cápita alto, sino que al contrario, tienen un pib/cápita alto precisamente por tener un estado social fuerte, una economía pública alta. Por decirlo con un ejemplo muy gráfico, si tu estado ofrece a tu sociedad una educción de elevada calidad y gratuita (incluso universidad) a la mayoría de la población (a la mayoría, no a una cierta clase priveligiada) esa sociedad con toda seguridad va a ser una sociedad muy, muy competitiva. Mucho más que una sociedad en la que la educacíon esta restringida a una élite que se la puede permitir. Los países escandinavos lideran los índices mundiales de competitividad. Otra cosa, es que los bienes y servicios públicos tengan que ser de la máxima calidad posible. Pero para eso, simplemente hay que dedicarse a ello, no a rebajar impuestos

    • Dos datos relevantes sobre lo que dices, que es muy importante: Según el estudio del CIS sobre opinión píblica y política fiscal, el 34% de los ciudadanos de nuestro país (la tercera parte!) piensa que “los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué” (respuesta literal). Y una mayoría considera que la sociedad se beneficia poco (el 54% de los encuestados) o nada (el 7,7%) de lo que pagamos en impuestos y cotizaciones. Son datos muy preocupantes, que hablan de una escasa cultura fiscal, que tiene graves consecuencias, por ejemplo, en cuanto a permisividad social con el fraude. Y con este panorama, el Gobierno aprueba una amnistía fiscal que premia a los defraudadores.
      Gracias y un abrazo

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