Problema(s) de confianza

Probablemente el término confianza haya sido uno de los más utilizados por políticos y analistas en estos últimos años de crisis. “Es necesario generar confianza, ¡confianza!”, se repite sin cansancio.

Lo cierto es que sería difícil argumentar lo contario. En un contexto de gran incertidumbre, todos apreciamos el valor de percibir credibilidad en los compromisos contraídos con otros. El pescadero del barrio que nos fía, por poner un ejemplo, estaría bastante más tranquilo si nos viese salir a trabajar todas las mañanas que si nos viese perdiendo el tiempo en el parque o en el bar. Asimismo, nunca nos fiaría si no confiara que en cualquier momento podría encontrarnos al otro lado de la calle o volver a vernos en cuatro o cinco días como es habitual.

Muchas reglas, normas e instituciones de la sociedad moderna han tenido como último objetivo el de generar confianza. Las interacciones entre seres humanos -tanto en el ámbito social, político o económico- requieren reducir el nivel de incertidumbre respecto a las consecuencias provocadas por nuestras acciones. La confianza, en definitiva, es la firme creencia de que los actores se comportarán como se espera. Así es como normas sociales y arreglos institucionales han resuelto problemas inter-temporales y nos han permitido prosperar. El desarrollo del comercio en la edad media, las finanzas o el establecimiento de Parlamentos se explican de alguna forma por esta lógica.

Pero el valor de la confianza es aún más visible cuando comienzan a aflorar las dudas sobre la misma. Vuelve la incertidumbre, y con ella el pánico.

A mi juicio, los problemas de confianza en España durante la actual crisis provienen de dos flancos. Uno económico y otro político. El segundo, sin duda, mucho menos atendido que el primero.

El económico: la solvencia financiera. Si bien España tenía notas de alumno aventajado antes del estallido de la crisis (el bono español estaba apenas por encima del alemán y las cuentas públicas registraban un superávit fiscal), la contracción del crédito, el nivel de exposición del sistema financiero al crédito inmobiliario y las malas expectativas de los inversores respecto a la capacidad de España para ajustar su economía (ausencia de política monetaria y un producto bruto interno nutrido de la construcción y el endeudamiento privado) multiplicaron las dudas sobre su solvencia financiera. Los llamamientos a generar confianza, por tanto, tienen como objetivo que el gobierno sea creíble ante quienes pueden evitar que la profecía sobre la insolvencia española termine por autocumplirse: Europa (Merkel y el BCE) y “los mercados”. Para éstos, confianza significa que nos comportemos de la manera que ellos esperan, es decir, aplicando la ortodoxia económica a rajatabla, escribiendo las reformas en piedra o, a falta de ella, en la Constitución.

Este problema de confianza existe y es tan real como las constricciones que nos están imponiendo.

El segundo flanco es el político, y si bien no ha recibido tanta atención como el anterior podría llegar a desencadenar problemas de mayor calado: se trata de la pérdida de confianza que cimenta el lazo entre representantes y representados.

Señalaré solo tres aspectos que últimamente han alimentado el nivel de incertidumbre que los ciudadanos tienen respecto a sus gobernantes.

1. “No hay alternativas”. Ya en los años ochenta, el gobierno de Margaret Thatcher popularizó la idea de que la política, tal y como la habíamos conocido hasta entonces, había muerto. El liberalismo económico era la única opción ideológica posible (“There is no alternative”). Tal discurso dejaba en manos de los ciudadanos la simple elección de gestores, más o menos eficientes. Un discurso en cierta medida peligroso. Los partidos socialdemócratas europeos se esforzaron (algunos con más éxito que otros) en demostrar lo contrario. Es decir, que las ideologías sí importan y que, por lo tanto,  la representación política no es una cuestión baladí.

Sin embargo, durante la actual crisis, tanto gobiernos de izquierdas como de derechas han vuelto a hacer uso de esta idea como pretexto de sus políticas. Para muchos votantes, por ejemplo, que el PSOE y el PP defiendan medidas muy similares desde la bancada azul resulta frustrante. Si los partidos políticos no son capaces de ofrecer alternativas, su función representativa se debilita, o, al menos a ojos de los ciudadanos, pierde importancia.

2. Incumplimientos electorales. Las elecciones son la principal herramienta de las democracias representativas. Desde una perspectiva prospectiva, nos permiten apoyar a un proyecto político sobre otro. Así, entendemos que al elegir a un partido escogemos una opción ideológica que orientará la acción política del gobierno. Dicho plan de acción se manifiesta, en cierta medida, en los compromisos electorales. En este sentido, el incumplimiento de las promesas electorales no hace más que debilitar la confianza de los ciudadanos respecto a sus representantes políticos.

Es cierto –se discute en la teoría política- que no resulta del todo útil tener representantes que apliquen un mandato sin margen de maniobra alguno. Es necesario que los gobernantes puedan adaptar sus políticas a diferentes contingencias en defensa de los intereses de los ciudadanos. No obstante, los “cambios de rumbos” se defienden con mayor facilidad ante importantes cambios en el contexto político y económico de un país.

Así, muchos podrían justificar el viraje político de Rodríguez Zapatero en Mayo de 2010. Sin embargo, esto no es ni mucho menos el caso del actual gobierno. Con la crisis ya instalada en España y conociendo las cartas con las que todos los actores jugaban (excepto el desvío del déficit), el entonces candidato popular, Mariano Rajoy, hizo promesas electorales que Consejo de Ministro tras Consejo de Ministros se empeña en incumplir. ¿Genera confianza entre sus representados? ¿Ayuda esto a la credibilidad de nuestra democracia?

3. Gobierno europeo sin “demos” europeo. Por último, creo que cabe señalar un problema que la maquinaria del “proyecto europeo” no termina de divisar. La crisis económica ha vuelto a poner de manifiesto que, en un mundo global, las democracias representativas están huérfanas de poder para controlar su propio destino. La confianza o legitimidad política en la cual se fundan los gobiernos nacionales se debilitan cuando el ejercicio de autogobierno se diluye en instancias supra-nacionales. ¿Qué credibilidad tiene el contrato que los ciudadanos contraen con sus representantes si éstos mismos carecen de los instrumentos apropiados para cumplirlos? Esta discusión no es, ni mucho menos, nueva. Lo cual no quita que siga teniendo una notoria relevancia, fundamentalmente, por la incapacidad del proyecto europeo de romper con el dichoso dilema. La prueba de ello es la cerrazón de un Banco Central Europeo empeñado en defender los intereses o preferencias de Alemania y no -como la construcción de un demos europeo desearía- lo que el proyecto europeo necesita.

Si el objetivo de “generar confianza” es el de despejar incertidumbres para facilitar y consolidar el buen discurrir de las relaciones sociales, las cuestiones arriba señaladas no hacen más que agrietar los pilares que sostienen el vínculo entre representantes y representados. Si la democracia representativa no es capaz de ofrecer alternativas, cumplir con lo prometido y tener legitimidad, el problema político será mucho más profundo que el económico. Ignorarlo podría traer consecuencias, quién sabe, tan inesperadas como turbulentas.

Sebastián Lavezzolo

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