La ‘ruptura’ laboral del PP: transgrediendo líneas rojas

Una de las lecciones que puede extraerse del incuestionable éxito de las movilizaciones del 29-M es que se ha puesto de manifiesto que los ciudadanos son muy conscientes de las graves implicaciones que tiene la reforma (por su dimensión, mejor “ruptura”) laboral aprobada por el Gobierno del PP hace ahora siete semanas. Estas líneas pretenden, de forma sintética, precisar algo más los contornos de lo que no es exagerado en calificar como la regresión social más grave del periodo democrático.

Desde la reinstauración de la democracia en España, y como sucede en los países europeos de nuestro entorno, nuestro modelo de relaciones laborales se ha basado en el equilibrio entre la libertad de empresa y el derecho al trabajo; un equilibrio en el que la prevalencia económica del empleador es compensada a través de una protección singular de los trabajadores como individuos, así como del reconocimiento de éstos como sujeto colectivo con capacidad de actuación en defensa de sus intereses. El  Decreto-ley 3/2012 dinamita los pilares de ese diseño equilibrado: pese a lo que reivindica la “esquizofrénica” (BAYLOS) exposición de motivos de la norma, el rasgo fundamental del nuevo marco de relaciones laborales es la pérdida de ese equilibrio a costa de los trabajadores, de sus derechos individuales y colectivos.

Con una clara inspiración anglosajona y neoliberal, el eje central en torno al cual se articulan a partir de ahora las instituciones del mercado de trabajo español es un nuevo concepto de flexibilidad que, prescindiendo del componente de seguridad, refuerza el poder de actuación unilateral del empresario y debilita hasta límites insospechados ese equilibrio característico de las relaciones laborales en el modelo social europeo. Pasamos, por tanto, de la flexiseguridad a la flexinseguridad.

La entronización del desequilibrio (o “flexinseguridad”) como paradigma se hace de un modo sistemático afectando a las tres referencias temporales claves de la relación laboral: la entrada, el desarrollo y la salida del mercado de trabajo. Me limitaré a apuntar las medidas más significativas (“agresivas”, que diría el Ministro de Guindos) introducidas en estos ámbitos.

I. Por lo que se refiere a la entrada en el mercado de trabajo, las medidas adoptadas, lejos de promover la estabilidad en el empleo, favorecen el interés empresarial por encima de cualquier otra consideración, algo por lo que los trabajadores habrán de pagar un alto precio en dosis de precariedad. Porque precario es el nuevo contrato indefinido de apoyo a los “emprendedores” (aquellos empleadores con menos de 50 trabajadores, el 99 por 100 del total) cuyo periodo de prueba de un año supone que durante ese tiempo el empresario puede rescindir el contrato con total libertad y coste cero. Porque también favorece la precariedad que no se establezcan restricciones eficaces –más allá, por tanto, de las gestuales– a la utilización abusiva e injustificada de la contratación temporal y que se devalúe el componente formativo en el contrato para la formación y el aprendizaje. Y porque el mismo efecto de precarización tiene la nueva regulación pro empresarial del contrato a tiempo parcial al permitir las hasta ahora prohibidas horas extraordinarias.

II. El desequilibrio también caracteriza los cambios introducidos en el desarrollo de las relaciones laborales, un ámbito en el que la flexibilización se encamina de forma decidida hacia la desregulación. Así, ante situaciones de dificultad empresarial formalmente se reivindica la utilización de mecanismos jurídicos alternativos al despido, la llamada flexibilidad interna. Con la particularidad de que se arrumba el modelo hasta ahora vigente en el que las medidas se basaban en el acuerdo de las partes (flexibilidad interna negociada) por otro en el que las modificaciones pueden ser impuestas por la parte empresarial. Pierden peso, por tanto, las soluciones negociadas en favor de las posibles actuaciones unilaterales y arbitrarias del empresario en materias tan sensibles para los trabajadores como el salario, la jornada o el horario.

Aun más grave es la devaluación de la negociación colectiva –pieza capital de la organización del trabajo y, en general, del modelo productivo– con tres claras manifestaciones. De un lado, el establecimiento de la prioridad aplicativa del convenio de empresa “ignora” que más de 4,1 millones de asalariados prestan sus servicios en empresas con plantillas de menos de 25 trabajadores, un ámbito más propicio para la imposición que para la negociación de un convenio. A esto se añade un laxo régimen de descuelgue de lo establecido en el convenio  que permite desvirtuar cualquier intento de articulación sectorial. Finalmente, la ruptura del equilibrio en el ámbito de la negociación colectiva se agrava con la limitación de la ultraactividad del convenio y la supresión del resto de medidas que pretendían agilizar y favorecer el proceso de negociación.

Hay que tener en cuenta, además, que estas medidas convierten en papel mojado el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que sólo unos días antes –25 de enero– habían suscrito los interlocutores sociales: una decisión sin precedentes que pone de manifiesto un escaso respeto por el diálogo social y que rezuma antisindicalidad.

III. Por lo que se refiere a la “flexibilidad de salida” del mercado de trabajo, también se aprecia una marcada querencia hacia el interés empresarial que, de nuevo, quiebra el equilibrio entre las partes. Más allá de la incoherencia que supone el refuerzo simultáneo de los mecanismos de flexibilidad interna y de salida –incoherencia nimia si la comparamos con los compromisos del PP antes y durante la campaña electoral del 20-N–, los cambios introducidos constituyen un drástico abaratamiento y simplificación de los despidos que pretenden justificarse a partir de la identificación de los trabajadores indefinidos como privilegiados (¿serán los perceptores por desempleo las próximas víctimas?).

Cabe destacar, primero, que la indemnización de 45 días en los despidos injustificados queda reducida a 33 días –con un máximo de 24 mensualidades en lugar de las 42 anteriores–, incluso cuando se trata de despidos disciplinarios. Segundo, se definen con extraordinaria laxitud las causas empresariales que legitiman un despido, con la disminución de ventas “durante tres trimestres consecutivos” como mejor expresión. Tercero, se elimina la autorización administrativa en los despidos colectivos sin introducir ningún otro elemento que compense este escoramiento hacia el lado empresarial. Y, cuarto, se favorecen medidas extintivas drásticas en el sector público con la mera exigencia de una insuficiencia presupuestaria.

Como apostilla final, cabría intentar consolarse pensando que el cambio de fisonomía –y de lógica interna– del sistema español de relaciones laborales provocado por el “zarpazo” del Decreto-ley 3/2012 pudiera verse atenuado por la práctica empresarial, es decir, por un ejercicio ponderado y razonable de las facultades derivadas de la reforzada y privilegiada posición empresarial en el nuevo marco. Sin embargo, ello exigiría que nuestro empresariado corrigiera los problemas estructurales que le afectan y que, pese al silencio de la opinión pública, explican en buena medida muchos de los males de nuestro mercado laboral.

Borja Suárez Corujo

8 pensamientos en “La ‘ruptura’ laboral del PP: transgrediendo líneas rojas

  1. Sin duda, el liberalismo camina seguro por la senda que le permitirá acabar con las carácteristicas propias del contrato de trabajo para convertirlo en un simple contrato civil de arrendamiento de servicios, y con él el resto de las singularidades del derecho laboral.
    Esclarecedor artículo.
    Gracias.

  2. ¿ Que deberia hacer un empresario que tiene perdidas continuadas durante tre meses o mas y no puede hacer frenre a sus gastos. ? ¿ Tendrá que arruinarse él el primero ?. Seguramente no hay una respuesta facil.

    • No hay, en efecto, respuesta fácil. El problema es que la nueva regulación hace posible el despido colectivo incluso aunque no existan dificultades objetivas:”en todo caso” cuando las ventas o ingresos dismininuyen durante tres trimestres consecutivos…

  3. Un análisis tan claro como preocupante. El problema es que en circunstancias excepcionales la gente está dispuesta a tragar con lo que sea, y mucho me temo que esta reforma viene para quedarse…

    Enhorabuena a todos por este espléndido blog.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>